28 de septiembre de 2022
La Justicia de la ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar la toma de distintos colegios porteños que ocurrieron esta semana tras la denuncia que presentó el Ministerio de Educación. Para eso, la Policía de la ciudad se presentó en los domicilios de los padres de esos alumnos para notificarlos del inicio del expediente por violación al Código Contravencional y por el momento, se hicieron seis denuncias.
La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Presedo, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la notificación en cada uno de los domicilios. Ahora los padres de los chicos que realizan las protestas deberán: retirar a sus hijos de las escuelas; o en el caso de avalen su presencia en las instituciones, recibir una causa judicial.
En ese marco, el colegio Carlos Pellegrini -una de las 12 escuelas tomadas- sacó un comunicado donde aclararon que la situación excede el ámbito educativo. "Queridas Familias, les informamos que las autoridades no podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por la integridad de los mismos y sus actos", señalaron.
Sin embargo, la presentación de policías en las casas de las familias de los chicos que toman colegios generó algunas críticas. "La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas", publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su cuenta de Twitter.
La justicia también avanza con la causa contravencional. Entre otros medidas dispuso la presencia de la Policía de la ciudad en las escuelas para que informe el estado de situación de la toma, que declaren testigos y que se incorporen al expediente toda la información que puedan suministrar las autoridades de los colegios.
El gobierno porteño no solo dispuso hacer la denuncia penal, sino también que le pedirá a los padres que paguen los gastos que ocasiona la toma y tener las escuelas cerradas.
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