. Larreta y Moyano acordaron indemnizar a 500 trabajadores de las grúas porteñas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó el acuerdo con el Sindicato de Camioneros, que permitirá superar el conflicto con Hugo y Pablo Moyano por la estatización del sistema de acarreo en el distrito porteño. De esta manera, desde el 1 de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE. Se trata de una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrán el convenio de Camioneros hasta que pasen a la empresa que gane la licitación para encargarse de este servicio.

Cada uno de los 500 empleados cobrará una indemnización de 4 millones de pesos en concepto de la denominada “Ley Moyano”. Es una modalidad que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

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Según temen desde el Larretismo, esta concesión a los Moyano podría provocar roces con socios de Juntos por el Cambio como Elisa Carrió, quien había cuestionado la prórroga de los contratos existentes con Dakota y BRD porque las empresas habían cumplido “21 años de servicio irregular”. Por su parte, en Uspallata preocupa la posibilidad de que la fundadora de la Coalición Cívica critique el acuerdo con los Moyano, que implicará pagar 200 millones de pesos para indemnizar al personal de las empresas que fueron estatizadas. Lo mismo, se sospecha, podrían hacer los “halcones” de la oposición.

En tanto, la “Ley Moyano” comenzó a tomar forma en 1998, cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia del ex presidente Mauricio Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, según el Sindicato de Camioneros, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo. El tema siguió pendiente hasta que Macri, cuando fue jefe de Gobierno porteño, impulsó en la Legislatura de la Ciudad en 2012 la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que se había ido Manliba.

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Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura (entre ambas involucraban a 700 trabajadores), en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).