. Detuvieron a tres miembros de Revolución Federal, entre ellos, a su líder

En el marco de once allanamientos que se desarrollaron esta mañana, tres integrantes de la agrupación Revolución Federal quedaron detenidos en una causa que investiga los delitos de incitación a la violencia y apología, con el agravante de discriminación. Se estima que en las próximas horas se produzcan más detenciones, en el marco de la causa en la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada como querellante.

Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra. Los procedimientos se llevaron adelante por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la Capital Federal y el conurbano, por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Cabe hacer mención que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas en las últimas horas, dado que la causa se está trabajando bajo secreto de sumario en las últimas semanas para recolectar mayor información.

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Además de las detenciones, hubo allanamientos que incluyeron la sede de la firma Caputo Hermanos. Dicha empresa que pertenece a los hermanos del ex ministro macrista Luis Caputo aparecía haciéndole transferencias de dinero a través de fideicomiso a Morel y sus allegados. La compañía se presentó ayer en la causa para explicar que eran trabajos de carpintería.

La agrupación Revolución Federal quedó en foco de la polémica luego del ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. En tanto, los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda.

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Tras el intento de magnicidio, mediante un mal del Ministerio de Seguridad ingresó a Comodoro Py una denuncia de una persona llamada Luca Morales, quien hizo saber que en las redes sociales estaba circulando un perfil que con sus manifestaciones adelantaba que atentaría contra la democracia e incitaría al odio y la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta. La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.

Por su parte, el juez Martínez De Giorgi, que recibió la causa por sorteo, le preguntó a la magistrada María Eugenia Capuchetti si el grupo Revolución Federal estaba siendo investigado en el atentado a CFK. La jueza le dijo que no. Allí también le remitió una presentación que había hecho la Agencia Federal de Inteligencia el 14 de septiembre.

El lunes, a través de sus abogados Juan Ubeira y Marcos Aldazábal, Cristina Kirchner pidió ser querellante en esta investigación. El juez Martínez De Giorgi la aceptó, y la causa sigue en secreto de sumario.