. Fraude en Vicentin: citaron a indagatoria a 14 directivos

La Justicia de la provincia de Santa Fe investiga las maniobras fraudulentas y el uso de facturas truchas que suman unos 140 millones de pesos, entre 2016 y 2019.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a 14 directivos de la empresa agroexportadora Vicentin por la presentación de facturas truchas para acceder engañosamente a reintegros de IVA por exportaciones y que alcanzó un monto de 140 millones de pesos, en valores del año 2020.

El juez federal Aldo Alurralde fue quien citó a los empleados (algunos de los cuales ya no pertenecen a la empresa) a declarar el día 1° de noviembre. Según el medio local ReconquistaHOY, la denuncia por "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" ingresó al Juzgado Federal de Reconquista el 21 de agosto de 2020.

Las indagatorias por parte de la Justicia santafesina para Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo se extenderán hasta el 20 de diciembre.

Cabe destacar que este mismo grupo de directivos está siendo investigado en Rosario, acusado de defraudación y estafa en una causa solicitada por los bancos extranjeros acreedores de la firma. El fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, los imputo el pasado octubre en un monto cercano de 500 millones de dólares.

"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", explicó el organismo estatal en un comunicado. Asimismo, agregaron que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".

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La presentación de facturas apócrifas entre los años 2016 y 2018, y que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos en la recaudación del IVA, tiene el siguiente detalle: $ 84.672.402,38 en 2016; $ 44.466.746,54 en 2017; y $ 11.464.326,29, en 2018. 

Para la Fiscalía, al igual que para la AFIP, no sirve el argumento de la empresa de que ellos también fueron engañados, ya que era de ellos la obligación de controlar las facturas. "Tiene la obligación de una auditoría sobre las cuentas de los proveedores", señalaron.