24 de octubre de 2022
La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso este lunes "la fiscalización estatal limitada" de Caputo Hermanos S.A. y le aplicó una multa de 100 mil pesos "por cada uno de los estados contables por los ejercicios cuya presentación omitió" desde 2005 hasta la actualidad, lo que totaliza 1,8 millones de pesos.
Así lo estableció una resolución del organismo que lidera el abogado Ricardo Nissen. La empresa estaba bajo lupa luego de que trascendiera una supuesta relación comercial con la carpintería de Jonathan Morel, el referente del grupo Revolución Federal, ahora investigado por la justicia, en el marco de una causa por presunta incitación a la violencia.
"Desde su misma constitución, la sociedad Caputo Humanos S.A. no registró nunca sus estados contables en esta IGJ y el pago de las tasas anuales de inspección sólo fueron abonadas desde los años 2005 al 2008, sin abonar tasas posteriores. Por tales motivos, la sociedad Caputo Hermanos S.A. fue incluida por este organismo dentro del listado de las "sociedades inactivas"", señaló la resolución.
En tanto, el pasado 17 de octubre pasado la IGJ, a su vez, intentó realizar una inspección en la sede de la empresa integrada por miembros del ex funcionario del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, pero no fue posible. Según consta en el expediente, personas vinculadas con la empresa "impidieron el ingreso de los inspectores al domicilio legal inscripto por lo que no se pudo realizar la visita de inspección ordenada".
En declaraciones para Radio 10, Ricardo Nissen habló sobre la investigación sobre la empresa: "Estamos investigando y vemos un movimiento o funcionamiento absolutamente irregular, que no se condice con la ley de sociedades. Parece que se constituyó en 2004 pero nunca tuvo interés en cumplir con los requisitos y las obligaciones que impone la IGJ".
"Eso es algo que he visto muy pocas veces, por no decir nunca. Me hace pensar que, de acuerdo a la experiencia, de entrada hubo un propósito de no permitir que la Inspección y los terceros se enteren de las actividades que hacen", añadió el abogado, que concluyó que es "todo una truchada".
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