. El oficialismo logró aprobar en Diputados el Presupuesto 2023

El oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general, luego de más de 15 horas de debate. Cabe hacer mención que a la hora de la votación el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y eligió por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. En tanto, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial.

De esta manera, el proyecto obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron la iniciativa.

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El Frente de Todos logró el quórum gracias a un grupo de diputados de Evolución y de la UCR. Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, del bloque referenciado en Martín Lousteau a nivel nacional, fueron los primeros en entrar en el recinto. Poco después se sumaron varios radicales como Hugo Romero, Miguel Ángel Bazze, Jorge Rizzoti y Martín Arjol. Máximo Kirchner fue uno de los pocos oficialistas que no ocupó su banca al inicio de la jornada. Por su parte, el PRO y la Coalición Cívica no bajaron hasta que el oficialismo consiguió el número para comenzar con el debate.

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La oposición que apoyó el Presupuesto destacó que las pautas macroeconómicas son más “realistas” que las que presentó el ex ministro de Economía Martín Guzmán el año pasado y que el oficialismo aceptó varias modificaciones. También analizaron que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. Su objetivo fue limitar lo más posible la capacidad de reasignar partidas sin control en un año electoral. Pese a que durante los últimos días se repitieron las reuniones entre los miembros de la coalición opositora, no se llegó a un acuerdo para unificar criterios.

Entre las principales concesiones que hizo el oficialismo para evitar el bloqueo del proyecto sobresale la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.

En tanto, por pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

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Asimismo, varias provincias plantearon reparos también ante el artículo 90, que propone que Cammesa se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.

Por su parte, desde la Izquierda adelantaron que no acompañarían la iniciativa porque incluía, además de los jueces, a los trabajadores de los juzgados. En los pasillos del Congreso los diputados que defendían el artículo estaban dispuestos a ir al recinto a votar para “dejar en claro quién defiende los privilegios”. Confiaban en que la derrota legislativa podría luego transformarse en una victoria política y discursiva.

Respecto a las retenciones, el Frente de Todos eligió por retirar el artículo que extendía las facultades delegadas hasta el 31 de diciembre de 2023. Por otro lado, el oficialismo logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales.

La norma establecía un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.