27 de octubre de 2022
La Cámara de Diputados votó en contra de un artículo del proyecto de Presupuesto 2023 acordado con el Frente de Todos que iba a permitir un alivio en el creciente déficit financiero de las obras sociales. “Ahora sí quedamos al borde del colapso”, indicaron desde la Confederación General del Trabajo (CGT). De todas maneras, el ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los interlocutores del sindicalismo sobre la crisis de las obras sociales, tiene pensado recibir la semana que viene a la mencionada centrar obrera para analizar alternativas que brinden un auxilio para los números en rojo del sistema sindical de salud.

Se trata del artículo 127 del proyecto de Presupuesto 2023 el que fue rechazado y era reclamado desde hace años por la CGT. El mismo contemplaba incorporar $175.000 millones para que el Estado se hiciera cargo de los gastos de educación y transporte en el rubro discapacidad y, además, de la financiación de la cobertura de medicamentos de alto costo y tratamientos de alta complejidad.
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El artículo fue votado a favor por los 117 diputados del Frente de Todos, más 3 aliados (los del Frente de la Concordia de Misiones, el Movimiento Popular Neuquino y SER, de La Rioja), pero recibió el rechazo de los 124 legisladores de Juntos por el Cambio y la abstención de 4 diputados del Frente de Izquierda. Quien alertó sobre inconsistencias del artículo 127 durante la sesión fue la diputada Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio. Ocaña advirtió que ese punto nunca se había discutido en comisión y que fue incorporado a último momento, el viernes pasado, en el dictamen oficial.
La legisladora se quejó de una redacción confusa que le daba al Ministerio de Salud atribuciones para determinar la validez de los medicamentos de alto costo y tratamientos de alta complejidad y, además, que no estaba claro de dónde saldrían los fondos para que el Estado se haga cargo de pagarlos.
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Por su parte, los dirigentes cegetistas también se quejan de que aún no les llegó a las obras sociales los $24.000 millones prometidos por Massa, a razón de cuatro tramos de $6000 en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que no eran fondos del Tesoro Nacional sino plata genuina del sistema sindical de salud que, según fuentes oficiales, “Martín Guzmán tenía pisada”´. Se trata de dinero que proviene del aporte de trabajadores y empresarios y debería haber sido girado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), desde donde se pagan los reintegros a las obras sociales.
Hace tiempo que los dirigentes de la central obrera vienen alertando al Gobierno que las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación representan actualmente casi un 70% de la recaudación del FSR. El fuerte impacto de las prestaciones por discapacidad que no tienen que ver con la salud, según asegura la central obrera, acentúa el desfinanciamiento de las obras sociales.
En tanto, el presidente Alberto Fernández le había prometido a la CGT hace un año una solución a este tema a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que iba a permitir que las obras sociales traspasaran al Estado las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, pero la norma en estudio quedó trabada en los despachos oficiales, pese a la fuerte presión sindical.