. Massa presiona para firmar el acuerdo por el intercambio automático fiscal con EE.UU antes de fin de año

Al comienzo de esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, cenó junto a los miembros de la delegación bipartidaria del Senado de Estados Unidos, que se encuentran en el país, y que encabeza el senador Bob Menéndez. Luego se dirigió al Congreso, donde tras un largo debate se aprobó el Presupuesto 2023.

En la cena se habló de la agenda de cooperación en materia de seguridad energética y alimentaria en el contexto global. Al respecto, Sergio Massa escribió en su cuenta de Twitter que “también tratamos los avances del acuerdo de intercambio de información fiscal entre la AFIP y el Internal Revenue Service (IRS)”. El intercambio automático de datos con Estados Unidos fue central en la conversación. El ministro de Economía espera que antes de fin de año esté firmado el convenio.

De esta manera, Massa sería el encargado de rubricar el intercambio automático por el país. Si bien suele ser una tarea de la Cancillería, el “pleno poder” lo habilita a realizarlo. Todavía no se sabe qué organismo será su contraparte en Estados Unidos.

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Cabe mencionar que la finalidad del acuerdo es detectar evasión y cuentas no declaradas en EE.UU. De acuerdo con cálculos oficiales, serían por lo menos unos USD 100.000 millones que estarían en cuentas de argentinos en ese país. Se buscará cobrar el impuesto a los Bienes Personales a ese dinero que no tributa en el país, y también Ganancias sobre los intereses que generan. Estados Unidos fue siempre muy prudente al hablar respecto a la concreción del acuerdo, puede ser por las posturas del Gobierno argentino en materia de política exterior, sobre todo a la hora de referirse a regímenes autoritarios como China, Rusia, Venezuela y Nicaragua, entre otros.

Además de Menéndez, también estuvieron presentes en Tigre con el ministro, los senadores republicanos Rob Portman, Richard Burr y Ben Sasse, y el embajador Marc Stanley. Además, Massa estuvo acompañado por Flavia Royón, secretaria de Energía, y por su asesor internacional, Gustavo Martínez Pandiani.

Por su parte, recientemente Estados Unidos reconoció por primera vez que se “ha avanzado mucho” en las negociaciones del acuerdo de información financiera automática con Argentina, que permitirá el blanqueo de cuentas de argentinos en este país que tendrían un estimado de US$100.000 millones. Este acuerdo, conocido como FACTA, es muy esperado por Massa porque, de acuerdo con las estimaciones, permitirá recaudar unos 5.000 millones de dólares extra por año en impuestos a los bienes personales y ganancias, una suma más que apetitosa para momentos en que se necesitan fondos urgentes para equilibrar las cuentas y cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Actualmente, las consultas por parte de la AFIP a EE.UU se hacen caso por caso, a pedido. El Gobierno busca que se puedan realizar de manera automática, lo que significa que no será necesario tratar de manera particular cada consulta. En caso de efectivizarse, cada año EE.UU enviará la información de todas las cuentas de argentinos en este país y la Argentina de los estadounidenses.

Cabe recordar que cuando Massa estuvo de gira por Washington, el mes pasado, reclamó en todos los despachos la automatización de este acuerdo. Se refirió sobre el tema en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en el Tesoro con la secretaria Janet Yellen, argumentando que a Estados Unidos no le conviene ser visto como una “guarida de evasores fiscales”.

El convenio ya se viene trabajando técnicamente desde hace tiempo. La semana pasada se realizó una reunión virtual entre funcionarios de la AFIP, Economía y el Tesoro de Estados Unidos y coincidió en que ya están listos los detalles para avanzar en la firma. Incluso ya está tramitado el poder para que Massa pueda firmar el acuerdo con la esperanza de que salga pronto, incluso en noviembre.

El Gobierno espera con ansiedad esa firma y busca que se apruebe antes de fin de año para que pueda entrar en vigencia el 1 de enero de 2023. Si se demora, recién tendría vigor en enero de 2024, demasiado lejos para las necesidades acuciantes de Argentina.