3 de noviembre de 2022
La Conferencia Episcopal Argentina difundió un documento criticando al Gobierno nacional en el marco del debate que se realiza del Presupuesto 2023. El informe apunta a una disminución en la partida relacionada a la Educación e indica que “nadie niega que la actual coyuntura de la economía nacional necesita de un ordenamiento en las cuentas públicas, pero las variables de ajuste no pueden recaer en las áreas más sensibles y vulnerables de la población”.

El texto, que lleva la firma de obispos de la Comisión de Educación de la Comisión Episcopal Argentina, expresa que “queda en evidencia” que la educación pública no ocupa la agenda política ni social para la actual gestión.
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El documento oficial comenta que “en vista a un escenario futuro proyectado con un porcentaje interanual inflacionario, para no pocos economistas, al menos imprevisible e improbable, los recortes, la inmovilidad en las asignaciones y los presupuestos vigentes que no recibieron aumentos, dejan al descubierto las graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación”.
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Respecto a la proyección de la Ley de Leyes para el año próximo, indican que, en caso de aprobarse en la Cámara de Senadores, se estaría “contradiciendo lo que en la Argentina se ha sostenido con orgullo, aun en los momentos más críticos: que cuidar a las nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor inversión, y nunca será un gasto excesivo”.
Por otra parte, el informe de la Conferencia Episcopal señala que “de cara al presupuesto de la Nación, es importante que se resguarden los recursos para llevar adelante estas políticas integradoras en el área de la discapacidad. Hablamos de recursos presupuestarios que permitan detectar las situaciones discapacitantes en las diversas etapas de la vida, lo cual podrá generar igualdad de oportunidades para el desarrollo y su participación activa en todos los ambientes de la vida”.
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“Solicitamos a los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que tengan en cuenta esta realidad para que se concrete en partidas presupuestarias que permitan continuar con la justa atención que se viene desarrollando y comenzar nuevas iniciativas hacia aquellos que justamente las requieren. No está demás advertir que, en el contexto de una pobreza estructural, la infancia y discapacidad pueden transformarse en un nuevo grupo social vulnerable si no se priorizan sus necesidades”, completaron.
Asimismo, advirtieron que “el significativo recorte presupuestario para acceder a la evaluación e información educativa es un signo más del desinterés por buscar soluciones a problemas reales para mejorar el sistema educativo, el que muestra en superficie signos preocupantes en las actuales generaciones de educandos. Lo que toca a educación en la ley de presupuesto debiera estar al servicio de esta soberana causa: superar la situación de emergencia que vive la educación argentina”.