8 de noviembre de 2022

La Justicia Federal, a través del juez Ariel Lijo, decidió ampliar las declaraciones testimoniales a varios congresistas nacionales, en especial al diputado misionero, Héctor "Cacho" Bárbaro, por supuesto lobby reiterado a favor de la tabacalera Philip Morris y su rol en la aprobación de la denominada "Ley Massalin", en 2017, que beneficio a dicha multinacional en detrimento de todo el resto del sector.
Massalin enfrenta una investigación judicial por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito y estafa procesal. Lijo investiga la denuncia presentada por tabacalera Sarandi y pretende demostrar que directivos de Massalin particulares, encabezados por su vicepresidente ejecutivo, Matías O’Farrell, habrían ejercido fuertes presiones, en varios encuentros, sobre Funcionarios de AFIP con el fin de perjudicar y provocar el cierre definitivo de la Empresa nacional.

A través de comunicaciones de AFIP, el juez constató dichas reuniones y libró oficio a la subsecretaría de Política Tributaria para que dé información más exhaustiva de dichos encuentros.
Asimismo, desde la Cámara de Diputados de la Nación se informó recientemente a Lijo que el 4 de mayo de 2022, a instancias del diputado Héctor "Cacho" Bárbaro, se realizó una reunión por afuera de la agenda parlamentaria en la que participaron cuatro senadores, 23 diputados y escogidos representantes de Cámaras tabacaleras y cooperativas de Misiones, Salta, Tucumán, Jujuy y cuyo objeto principal era conversar sobre un determinado grupo de Empresas nacionales cigarreras.



Cuatro meses después, el diputado Bárbaro encabezaba y orquestaba varias movilizaciones de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA, en Buenos Aires, en contra del juez Lavie Pico y Empresas Pyme tabacaleras argentinas.
La Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya), a través de su presidente Osvaldo Trillo, acusó al diputado Bárbaro de atacar y apretar jueces, alentar en contra de las decisiones de la Justicia y de utilizar el Congreso para prácticas absolutamente inconstitucionales y antirepublicanas.