. Juntos quiere mostrar mano dura y fogonea un proyecto de cárcel para jóvenes de 15 por delitos graves

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que establece un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, el cual contempla, entre otras cuestiones, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos. Mencionada iniciativa plantea una reforma judicial que incluye la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, la aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

La propuesta cuenta con el apoyo de los diputados de Juntos por el Cambio Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias. Asimismo, la normativa expresa que “el proyecto hace hincapié en dos puntos centrales: la reparación del daño producido por el delito tanto en la víctima como en la sociedad, y la necesidad de que las personas adolescentes rindan cuentas de sus actos”. La reforma no solo regula la baja de la edad de la imputabilidad. Ante la comisión de un delito, se propone que los adolescentes culpables puedan realizar todas las medidas de reparación posibles, en lugar que la única alternativa sea la cárcel.

Este principio sigue la noción de “justicia restaurativa”, que pretende explorar métodos de abordaje a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley. Estos actores también tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación que no sean la detención y encarcelamiento de los acusados. Generalmente, se sugieren diferentes medidas socioeducativas que deberán llevarse adelante según el ”Abordaje Restaurativo”, entendido como un proceso en el que “todas las partes implicadas en un conflicto resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro”.

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Al mismo tiempo, el carácter interdisciplinario de este foco busca que “las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes”.

Según el proyecto, el mecanismo a seguir es que las autoridades judiciales puedan aplicar penas privativas de libertad, que van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado que como máximo de pena sube a 15 años. Además, se prevé que los juicios contra personas adolescentes sean realizados en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. Evitando así la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes, estableciendo responsabilidades claras.

En caso que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.

De acuerdo con la estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.