11 de noviembre de 2022
El fiscal federal Guillermo Marijuan le solicitó a la flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que brinde información respecto a los 250 mil beneficiarios de planes sociales que compraron dólares o declararon Bienes Personales.

A través de una nota enviada este viernes, indica que se abrió una investigación preliminar frente a la posible comisión de un delito: “Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la Investigación Preliminar N°120, en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°9, a mi cargo, a fin de solicitarle se sirva remitir a esta sede, con carácter de urgente, una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de datos que habría permitido detectar una numerosa cantidad de personas que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional, siendo también que declaraban bienes personales y percibían bienes sociales”.
Asimismo, en medio de una creciente crisis con los piqueteros, esta semana la ministra Tolosa Paz anticipó que se suspendería a los beneficiarios que compraron dólares. Argumentó que todavía se están entrecruzando datos y que “todo aquel Potenciar Trabajo que haya utilizado la herramienta de compra de dólares o mecanismos impositivos que dan cuenta que no tiene que estar en este ministerio va a ser suspendido inmediatamente”.
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El tema comenzó a partir de la aparición de un informe pedido por la AFIP, el 30 de junio por su predecesor en el cargo, Juan Zabaleta, que estableció que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el plan, ya sea porque compraron dólares para ahorro en los últimos 6 meses o presentaron declaraciones juradas de Bienes Personales.
Al respecto, la ministra ratificó la decisión del Gobierno sobre que no se podrán agregar más planes Potenciar Trabajo. Según su consideración, “hubo una mala interpretación del espíritu del decreto”, que aseguró que apunta a volcar capital y trabajo a la “producción de bienes y servicios”. También anunció que se procederá a una validación de identidad de todos los beneficiarios de planes sociales para tener una mayor “transparencia en el destino de los fondos y evitar distorsiones de una política muy importante como ha sido el Potenciar Trabajo”.