. Narcofuncionarios : Marcelo Saín, ex Ministro de Santa Fe, imputado por asociación ilícita

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe fue imputado como jefe de una asociación ilícita que cometió delitos como el desvío de fondos públicos y espionaje ilegal. Asimismo, durante la audiencia, Marcelo Saín expresó que cumplía “directivas expresas del gobernador” de Santa Fe, Omar Perotti. Según la acusación que realizó el fiscal Ezequiel Hernández, los delitos fueron cometidos mientras ocupaba el cargo de ministro de Seguridad santafesino, entre diciembre de 2019 y marzo de 2021. Junto a él fueron imputados otros siete exfuncionarios.

En la audiencia que llevó a cabo la Fiscalía de Delitos Complejos I de Santa Fe, Saín sostuvo que “nosotros desde el ministerio de Seguridad recibimos directivas expresas del gobernador. Él siempre estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta estrategia política de control de la criminalidad del poder en Santa Fe”. De esta manera, el ex funcionario involucró a Omar Perotti en una causa que investiga una asociación ilícita por presuntos casos de espionaje contra empresarios, dirigentes políticos, representantes gremiales y periodistas.

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En tanto, la defensa de los imputados planteó su rechazo ante esta acusación, considerando que no existió ese delito. También indicaron que, de existir violación a la ley de Inteligencia Nacional, tal como lo plantea Hernández, debió ser investigada por la Justicia Federal y no por fiscales provinciales.

A Saín se lo imputa como jefe de la asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado. También fueron imputadas Nadia Schujman, asistente técnica del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control, y Débora Cotichini, jefa de Departamento de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI), como organizadoras. Otras cinco personas están acusadas de ser miembros de la organización. Se trata del ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro, María Agustina Moulin, que cumplía funciones dentro de la misma cartera, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernardi.

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De acuerdo con el planteo de la fiscalía, la “organización criminal” tenía “estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras. El objetivo de la asociación ilícita era "cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”. El Ministerio Público de la Acusación informó que “el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

Por su parte, el fiscal Hernández argumentó que los “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.

Los fiscales describieron que entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios. Además, según la acusación, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral. La Fiscalía también aseguró que “el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.