15 de diciembre de 2022
La comunidad Mapuche del territorio Williche, fue recibida en el salón Eva Perón de la Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández. Allí le pidieron una solución por las tierras “ancestrales” que reclaman en la zona de Villa Mascardi, lugar del que fueron desalojados en octubre pasado. También solicitaron que se disuelva el “comando de fuerzas federales” instalado en el lugar para evitar nuevas usurpaciones, y por la libertad de las tres mujeres detenidas en el marco del desalojo judicial.
Asimismo, Alberto Fernández reforzó la idea de “avanzar en una solución en relación al conflicto territorial”, pidió que “la Secretaría de Derechos Humanos convoque a una mesa de diálogo” y mantener un nuevo encuentro en Casa de Gobierno. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de DD.HH., Horacio Pietragalla Corti; y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni.
En el encuentro, el jefe de Estado insistió en su compromiso para garantizar el respeto de las culturas originarias de Argentina y la necesidad de continuar con el diálogo para avanzar en la construcción multicultural. “Ustedes cuentan con un gobierno que los recibe con su propia cultura, su identidad, como hermanos que somos”, dijo.
La abogada María del Rosario Fernández, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, le recordó a Fernández que la “causa madre” tiene su origen el 10 de noviembre de 2017, cuando los imputados ingresaron a un predio perteneciente a Parques Nacionales, en el marco de un presunto plan de reivindicación territorial. La Justicia Federal ordenó el desalojo del predio días más tarde. El operativo estuvo encabezado por integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval. En ese contexto fue asesinado Rafael Nahuel, de 22 años.
Los efectivos que estuvieron al frente de la diligencia lograron detener a varias mujeres que estaban en el terreno, los hombres huyeron hacia la zona montañosa y aún permanecen prófugos. Tras este intento de desalojo, la Justicia no volvió a disponer medidas similares hasta el 4 de octubre, cuando la jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó la liberación de todos los predios ocupados en el paraje.
Ese desalojo fue violento también y dejó como saldo cuatro mapuches que todavía se encuentran prófugos, y otras siete imputadas, de las cuales tres permanecen con prisión domiciliaria: Luciana Jaramillo, Romina Rosas y la autoproclamada “machi” Betiana Colhuan.
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