27 de diciembre de 2022
La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció a “Chaqueña Bajada S.A”, perteneciente al Grupo Caputo, por simulación y actividad ilícita en sus operaciones comerciales. Asimismo, sumó a otras dos firmas irregulares que ya están siendo investigadas por la justicia en el marco de la causa que investiga la financiación que tuvo el grupo Revolución Federal. De acuerdo con la investigación de la IGJ, “Chaqueña Bajada”, presuntamente dedicada a la actividad agropecuaria, cuenta con solo dos accionistas y se constituyó con un capital de 12 mil pesos que nunca fue aumentado.

Los únicos socios y autoridades de la mencionada firma son Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara, quienes presentaron libros societarios que para el organismo de control son formalmente “inadmisibles” por las omisiones y falta de información. Méndez Escurra es cuñado del ex ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri, Luis María Caputo, quien enfrenta una investigación judicial por la transferencia de dinero por la compra de muebles al líder de Revolución Federal. Jonathan Morel se encuentra procesado por amenazas y actos de intimidación pública, junto a otros tres integrantes de la agrupación mencionada.
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Cabe mencionar que la mecánica de simulación de actividades comerciales de “Chaqueña Bajada”, remite al mismo criterio que “Sache Rupaska S.A” y “Caputo Hermanos S.A”, otras de las empresas de la familia Caputo que investigó y denunció por irregularidades la IGJ.
La resolución de la IGJ indica que se hizo una inspección formal en la sede de “Chaqueña Bajada”, ubicada en San Martín 793 de la Ciudad de Buenos Aires, y que allí una persona que se negó a identificarse, pero dijo que no tenía relación con la sociedad, aseguró que los libros contables y sociales "no se encontraban en el lugar". Frente a esto, la IGJ solicitó la acción judicial por simulación y actividad ilícita y una multa de 100 mil pesos por cada uno de los estados contables no presentados, o presentados a destiempo.
Por su parte, además de Morel, están imputados en esta investigación a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, los integrantes de Revolución Federal, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile: "Pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho".