17 de enero de 2023
La discusión por los planes sociales, su magnitud, quién debe seguir cobrándolos y, sobre todo, cuáles deben ser dados de baja, se metió de lleno en la discusión interna puertas adentro del kirchnerismo.
El Gobierno percibió hace ya un tiempo que la cuestión de planes sociales mal otorgados era un fenómeno que caía muy mal no ya solamente a la clase media y alta, sino también a los sectores más empobrecidos de la población, que ven cómo sus vecinos de las barriadas más pobres del conurbano cobran planes mientras ellos tienen que laburar de sol a sombra.
Es por esto que la administración de Alberto Fernández se embarcó en los últimos meses en el difícil trabajo de auditar los planes: ver quiénes los cobran y pedirle a la gente básicamente que se reempadrone, lo que permite ver inconsistencias y separar la paja del trigo.
En este sentido, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dio en las últimas horas un diagnóstico con números muy concretos, que permiten tener una idea de la dimensión del fenómeno.

En síntesis, el 90% de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo están en regla: son 1.210.571 que en los últimos 60 días validaron su identidad.
El 10% restante, unas 154.441 personas, tendrán la chance de poner sus papeles en regla para evitar así ser suspendidos del cobro del beneficio.
La ministra aclaró que el "impacto fiscal de suspender 154 mil beneficiarios es de algo más de 2.500 millones de pesos", pero remarcó que todavía pueden revertir esa situación quienes hayan tenido "dificultades geográficas" para validar sus datos.
La auditoría mostró que del total de beneficiarios, 1.134.472 personas realizan actividades productivas o comunitarias; 46.471 realizan cursos de capacitación y 29.628 están finalizando estudios formales.
El 60% de ellos no finalizó estudios primarios o secundarios y, de ese grupo de personas con estudios incompletos, el 79,2% quiere "continuar con su trayectoria educativa" y, de ellos, el 56% se manifestó "muy interesado" en emprender ese camino.
El Gobierno se maneja en este aspecto en una delgada línea: quiere dar la imagen que cuida quiénes son los beneficiarios de los planes, pero a la vez no quiere quedar en cuanto a gestión como el responsable de “dar de baja” derechos sociales.
La cuestión volvió a resurgir hoy mismo, durante el acto que el presidente Alberto Fernández mantuvo en José C. Paz. El intendente local, Mario Ishii, afirmó que la gente no quiere trabajar por los planes. “Basta de parásitos y garroneros", dijo el intendente fiel a su estilo frontal y directo.

"La gente consigue trabajo. Es más me acaban de pedir trabajo los comerciantes. Yo mismo pido albañiles para la constructora municipal y no lo estamos consiguiendo; es mentira que la gente está muerta de hambre”, expresó el jefe comunal.
Luego explicó que los planes fueron ideados en tiempos de Néstor Kirchner con carácter provisorio, pero que se extendieron en el tiempo.
"A los compañeros que tienen un plan y no van a trabajar ni hacer la contraprestación, ni los podemos encontrar cuando los relevamos, decirles que hay que dejar de ser parásitos y garroneros. Hay que ponerse a laburar, basta de garroneros, que vengan a laburar", expresó el intendente.
"No quieren laburar y encima cortan y piden más beneficios de los que tienen", apuntó luego contra las organizaciones sociales que suelen manifestarse en la Avenida 9 de Julio.
Los anuncios del Gobierno respecto de la revisión de los planes sociales habían generado roces con, por ejemplo, el dirigente social Juan Grabois.
"Tenemos ese gigantesco dolor de que el hombre que pusimos en la Casa Rosada nos ilusionó con que iba a empezar por los últimos y hoy tenemos más pobres que en 2019, aunque el país haya crecido 6%", había indicado Grabois a modo de crítica hacia el Presidente.