17 de enero de 2023

. Una ONG rechazó el juicio político contra la Corte: "Es inadmisible que se los intente remover de sus cargos"


A través de un comunicado difundido públicamente, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) rechazó el pedido de Juicio Político del Gobierno de Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, expresaron su preocupación por la nueva embestida contra el Poder Judicial, calificando como “inadmisible” juzgar a los integrantes del Máximo Tribunal por sus sentencias.





La Asociación por los Derechos Civiles expresó su preocupación por la decisión de Alberto Fernández para buscar remover a los integrantes del Máximo Tribunal.




La organización que desde el año 1995 trabaja en la defensa y promoción de los derechos civiles y humanos en Argentina y América Latina, advirtió que avanzar en este camino podría provocar reclamos contra la Argentina en organismos internacionales.





“La Asociación por los Derechos Civiles observa con gran preocupación el intento del Poder Ejecutivo de promover un juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Si se tiene en cuenta que esta constituye, desde los comienzos mismos de nuestra vida institucional, el garante final de la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, consideramos inadmisible que se intente remover de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema con argumentos que, principalmente, se basan en el contenido de sus sentencias”, plantea el documento.





La ADC sostiene que resulta “incomprensible” que uno de los argumentos principales del Gobierno para promover el juicio contra los jueces de la Corte resulte ser la reciente decisión del Tribunal en la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación: “Ese pronunciamiento sigue fielmente la jurisprudencia de la CSN desarrollada bajo gobiernos anteriores”.





“El disenso con las decisiones de los tribunales no puede ser causal de juicio político a menos que se cumpla con los estrictos requisitos del delito de prevaricato (artículo 269 del Código Penal), el cual requeriría que las autoridades judiciales competentes comprueben el ilícito”, añaden. Asimismo, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en una constante jurisprudencia que “el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión institucional se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión institucional trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. Asimismo, existe una relación directa entre la dimensión institucional de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad”.





En tanto, consideran que “la promoción del presente juicio político no es compatible con los principios nombrados y que su eventual concreción podría ocasionar reclamos contra la República Argentina ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos”.


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