18 de enero de 2023
Tras haber sido excluidos de la primera mesa de diálogo que encabezó la Secretaría de Derechos Humanos, en donde se priorizó la participación de referentes y agrupaciones mapuches de la Patagonia, el Gobierno nacional recibe hoy a vecinos de Villa Mascardi, algunos de ellos damnificados por usurpaciones y atentados vandálicos. Previamente, los pobladores de Villa Mascardi plantearon su disconformidad por haber sido excluidos no solo del encuentro sino también de una reunión anterior con el Presidente Alberto Fernández.

El presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, es uno de los confirmados para la reunión que se desarrollará esta tarde en la Esma, misma sede de la mesa de diálogo. Lo acompañará, entre otros, Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales, la última de las propiedades vandalizadas por integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
Al respecto, Frutos indicó que “llevaremos nuestra queja al gobierno nacional por una nueva intromisión del poder ejecutivo en la justicia, debido a que generó estas mesas de diálogo para entorpecer el proceso judicial que había comenzado en diciembre, en la denominada causa madre de Villa Mascardi”. En la misma línea se expresó la Fiscalía Federal de la localidad rionegrina, que estudió como una intrusión el encuentro convocado por Alberto Fernández y el cónclave posterior.
La primera reunión que encabezó Horacio Pietragalla contó con la participación de veedores pertenecientes a organizaciones sociales y de derechos humanos y con referentes mapuches de ocho comunidades de Río Negro, Chubut y Neuquén. Además, entre los asistentes estuvo María Nahuel, madre de dos integrantes de la comunidad autoproclamada mapuche Lafken Winkul Mapu, que están prófugos de la Justicia desde el desalojo de octubre pasado.
En la reunión pasada, los mapuches pidieron la excarcelación de las cuatro mujeres que permanecen detenidas desde el desalojo de octubre, pero su planteo no tuvo repercusión. Asimismo, solicitaron la conservación del “rewe”, se trata de una especie de altar sagrado que todavía se erige en las tierras desalojadas del paraje rionegrino, por decisión de la jueza federal Silvina Domínguez. También plantearon la necesidad de avanzar en el relevamiento de las comunidades e insistieron con la disolución del comando unificado de fuerzas, que fue conformado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar la seguridad en el paraje rionegrino y, simultáneamente, ejecutar la orden de desalojo que ordenó la jueza federal en octubre.