1 de febrero de 2023
El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, criticó un programa impulsado por el gobierno nacional que apunta a mejorar la conectividad en las cárceles argumentando que esta inversión en infraestructura contribuiría a la “resocialización de las personas privadas de su libertad”.
La preocupación de Javkin, subyace en el hecho de que muchos delitos se conciben por llamados extorsivos justamente por personas privadas de su libertad, por lo cual lamentó: “Están cerca de iniciar la instalación, esa es la información que nosotros tenemos”.
Y destacó un informe que realizó el fiscal Pablo Socca el cual señala que el 95% de los crímenes violentos que se reportan con extremada frecuencia en Rosario son organizados desde las cárceles por líderes de bandas narco en pugna.
Al unísono, cuestionó los efectos adversos del programa: “Se plantea en función de las audiencias y su acceso, pero sin lugar a duda van a terminar facilitando la conectividad de las personas que utilizan esa red para ordenar delitos, eso viene pasando sistemáticamente con teléfonos fijos, celulares y ahora con las posibilidades que brinde la conectividad”.

Además, el intendente acusó: “Jamás he escuchado al ministro de Justicia de la Nación hablar sobre el problema del narcotráfico en Rosario. En mi ciudad no se fabrican armas, no se producen drogas, llegan, entran. Y si tiene una cuestión logística de bandas que violentamente disputan el territorio. Rosario no está fuera de Argentina, una parte de su territorio sufre la consecuencia del enfrentamiento entre bandas que comercializan drogas”.
Cabe recordar, que el programa al que hizo alusión Javkin surgió en diciembre de 2021 y fue oficializado mediante la resolución 2183/2021 publicada en el Boletín Oficial. En su artículo 1° se aprueba el programa Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal, y aclara que se destina un total de $1.000.000.000 para su ejecución.
La medida argumenta que la Ley N° 27.078 dispone que el Estado Nacional “garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades”.
“La finalidad de los programas de tratamiento es lograr que las personas privadas de la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas para su reinserción en la sociedad”, añade la norma de diciembre de 2021.