23 de febrero de 2023
En febrero de 2021, los argentinos conocimos el relato del periodista Horacio Verbitsky acerca de cómo su amigo, el entonces Ministro de Salud Ginés González García, lo “invitó" a recibir una dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pese a que aún el personal médico y los mayores de 70 años, prioritarios en el plan de inmunización, distaban mucho de estar cubiertos.
A partir de ese 19 de febrero de hace dos años, el número de quienes comenzaron a ser llamados “vacunados VIP" no dejó de crecer: la familia Duhalde, el diputado oficialista Eduardo Valdés, Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado, el ministro de Economía Martín Guzmán y todo su gabinete, los padres de Carla Vizzotti, decenas de militantes oficialistas menores de 30 años que se exhibieron en sus redes sociales recibiendo la vacuna y, cómo dejarla de lado, Estefanía Purita Díaz, la becaria de 18 años que fue despedida de la Municipalidad de Avellaneda tras conocerse que figuraba en la lista de los privilegiados.
El gobierno nacional había resuelto que la prioridad absoluta para la vacunación fuera para el personal sanitario, para mayores de 70 años, y residentes en geriátricos. Era evidente que esos criterios no se habían respetado, ya que la mayoría de los “vacunados VIP" no pertenecían a ninguno de esos grupos, pero en buena parte figuraban como personal de salud, sin serlo.
La indignación que esto provocó se tradujo en denuncias que terminaron radicadas en el juzgado federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, junto al fiscal Eduardo Taiano.
El ministro González García, quien luego renunciaría por el escándalo, fue imputado al igual que su ex secretario privado, Marcelo Guillé, su ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de Salud, Alejandro Collia. Se investigó el papel del hospital Posadas, donde se habrían vacunado varios de los privilegiados, el envío de dosis a El Calafate, pero cinco meses le bastaron a la jueza para archivar parcialmente la causa por “inexistencia de delito", bajo el argumento de que por muy repugnante o moralmente reprobable que pudiera ser que un funcionario beneficiara a personas allegadas, esa conducta no está tipificada en el Código Penal.
Capuchetti se amparó en recomendaciones de la Suprema Corte según las cuales “no es justiciable una decisión de otro poder del Estado", además de que los jueces carecen de la información suficiente para resolver en materia sanitaria. Destacó al cerrar parcialmente el expediente, que en definitiva la mayoría de los denominados “vacunados VIP" entraban en las categorías establecidas por la resolución 2883/20.

El fiscal Taiano, el mismo que desde hace ya ocho años investiga cómo y porqué murió su colega Alberto Nisman, no apeló la decisión de Capuchetti. Quien sí consideró inaceptable el cierre fue el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien llegó hasta la Cámara Federal argumentando que haber vacunado a quienes no correspondía era lesivo para el derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación. “El acceso anticipado a la vacuna sin respeto al procedimiento establecido para todos los ciudadanos, en función a la cercanía a ciertos funcionarios, amistades, familiares, afinidades políticas… violenta estos principios y compromete la responsabilidad del Estado". Rodríguez destacó en su apelación que “al momento de efectuarse las inoculaciones por fuera del programa oficial, aún existía parte del personal de salud a la espera de su turno para vacunarse".
En su momento, Rodríguez había denunciado que existían al menos 1200 personas inoculadas ilegalmente en ocho hospitales de Capital, Quilmes, Morón, Lomas de Zamora y Mercedes. José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal, acompañó al titular de la PIA y les reclamó a los jueces que revirtieron el cierre parcial de la causa.
En un duro fallo que sonó a bofetada en la cara de la jueza, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens se preguntaron “¿por qué ellos y no otros entre los millones de ciudadanos del país en iguales condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tenemos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido… mas a ninguno de ellos les llegó la invitación".
Los jueces ordenaron reabrir la causa e investigar no solamente a quienes recibieron la vacuna indebidamente sino a quienes propiciaron e hicieron posible que eso sucediera. Los camaristas aludieron a quienes, como Carlos Zannini, falsearon su función real, apareciendo en los registros como personal de salud sin serlo.

Tras la decisión de la Cámara, Capuchetti delegó la investigación en el fiscal Taiano, el mismo que no había apelado el cierre, e insistió con pedidos de informes ante el Ministerio de Salud.
120 mil argentinos que no pudieron ser velados por las restricciones de la pandemia, que tampoco fueron iguales para todos, ya no están. No hay procesados en la causa por el vacunatorio VIP, la justicia no fue capaz de decirnos qué pasó y quién lo permitió, tampoco sabemos cuántos fueron en total los privilegiados que accedieron a un bien escaso como las vacunas, ni si alguna vez pagarán por lo que hicieron.