30 de marzo de 2023
A partir de una queja planteada por el Ejército Argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche, provincia de Río Negro. Cabe recordar que la cesión de los terrenos fue ordenada por un fallo de primera instancia, a favor de la comunidad Millalonco-Raunquhue, que reclamó la titularidad del predio ubicado en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.

En tanto, desde el Ejército aseguran que las tierras son utilizadas para el entrenamiento de los integrantes de la fuerza.
El planteo inicial de la comunidad mapuche recayó en el juzgado a cargo de la jueza subrogante Silvina Domínguez, quien resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional transfiriera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la posesión del predio, con el objetivo de cedérselos a la mencionada comunidad. Esa decisión provocó muchas críticas en el seno de la sociedad barilochense, y paralelamente fue recurrida por los apoderados del Ejército.
De esta manera, el trámite llegó a la Cámara Federal, en segunda instancia, en donde fue considerado “extemporáneo”. Tanto el Ejército como la Procuración General de la Nación acudieron a la Corte. En su presentación, el Procurador Eduardo Casal, aseguró que el fallo de la jueza Domínguez incurría en “graves afectaciones de la legalidad, del debido proceso legal y de los intereses generales de la sociedad que se encuentran comprometidos, toda vez que el avance hacia el cumplimiento de la decisión profundizará aún más los perjuicios señalados”.
Finalmente, la Corte se expidió en un fallo que lleva la firma de sus cuatros miembros. El máximo tribunal dispuso que se suspenda el curso del proceso, por considerar que existe gravedad institucional en la gestión en la que intervinieron los organismos del Estado para ordenar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que los reclama.
Según los jueces, las quejas planteadas por el Ejército y el Ministerio Público Fiscal son procedentes. Debido a que los magistrados observaron que, en otro expediente paralelo, en el marco de una causa penal, se investiga si integrantes del propio ejército dejaron vencer plazos para cuestionar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que exigía la titularidad, y así terminar beneficiándolos.
El Máximo Tribunal observó un hecho de gravedad institucional, motivo por el cual ordenó suspender la cesión hasta que se defina la cuestión de fondo sobre quién realmente tiene la legitimidad para obtener la titularidad de los terrenos.
Por su parte, en su defensa, integrantes de la comunidad mapuche aseguraron que “nunca se dispuso entregar las tierras sino otorgar el título de propiedad comunitaria, un papel que dice que el lugar donde viven desde hace 120 años es de ellos”.