2 de abril de 2023
La jueza María Servini había considerado que el delito no era de lesa humanidad, pero la Cámara Federal de la Ciudada de Buenos Aires revocó el polémico fallo.

La Cámara Federal porteña revocó un fallo que no consideró un delito de lesa humanidad por la sustracción de una recién nacida por parte de un gendarme en 1978, durante la última dictadura, cuando le ofreció a la madre de la beba cuidarla unos días, pero que luego terminó inscribiéndola como su propia hija biológica.
Por su parte, el tribunal de apelaciones consideró que no puede descartarse que lo que ocurrió haya sido un delito de lesa humanidad en base al "contexto" en que ocurrieron los hechos y la condición del gendarme en actividad. Ante lo expuesto, la Sala II de la Cámara había confirmado el procesamiento del acusado por sustracción de menores, delito de carácter permanente, pero que la jueza María Servini había considerado sobreseer al acusado por otros dos cargos que consideró prescriptos, al descartar que se haya tratado de un delito de lesa humanidad.
El hecho se había llevado a cabo en un operativo policial, donde se detuvo al marido de la mujer, que era un vendedor ambulante, y a ella le dieron 24 horas para salir del país en calidad de deportada, por no tener papeles migratorios en regla. La beba también carecía de documentación para salir del país con su mamá, de nacionalidad uruguaya, y le dijeron que "tenía que dejarla".

En medio del momento de tensión y desesperación, con el padre de la beba detenido y la mujer sin acorralada, aceptó el ofrecimiento de un vecino gendarme que cumplía funciones en la guarnición militar de Campo de Mayo. El hombre le dio un número de teléfono y un domicilio en la provincia de Córdoba para quedar en contacto con ella y ella fue deportada de Argentina con otra hija de apenas 9 años.
Dos semanas más tarde, el padre recuperó la libertad, pero cuando intentó comunicarse con el teléfono que le habían dejado no pudo, ya que era falso y el gendarme desapareció con su hija. La beba fue inscripta como hija biológica del gendarme poco tiempo después y vivió sin conocer su verdadera identidad hasta el final de la adolescencia, cuando quien la crió le contó lo que había sucedido, mientras que ella tomó la decisión de buscar a su familia.
"No se albergan dudas acerca de que L.G. no resulta hija biológica de I. Tampoco que la niña de pocos meses de edad le fue entregada por su madre, quien no obró libremente, sino que lo hizo forzada por la situación en la que se encontraba: compelida por una fuerza de seguridad a dejar el país y con la prohibición de trasladar a su hija porque carecía de documentación", dice parte del fallo que escribieron los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes confirmaron el procesamiento del acusado por el delito más grave y considerado "permanente", que tiene una pena entre 5 a 15 años por la sustracción y retención de una menor.