10 de abril de 2023
La Inspección General de Justicia (IGJ) impulsó la “intervención” del lnstituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), la ONG que preside Patricia Bullrich.
La IGJ decidió tomar esta medida debido a que la considera una “pantalla” para financiar la campaña de Bullrich a través de la obtención de dinero bajo la excusa de brindar “seminarios” educativos en políticas públicas. Una resolución por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen aseguró: “La entidad ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campaña política”.

En el documento, se aclaró un supuesto mecanismo de recaudación de fondos que le permitió a IEES obtener 90 millones de pesos el año pasado. Un monto de esto fue destinado a pagar honorarios a algunos de sus propios miembros e integrantes de su comisión directiva, como por ejemplo el diputado Gerardo Milman quien cobró 2.766.170 pesos.
Además, se encuentra el ex secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Föhrig, quien recibió 1.590.000 y el economista Martín Siracusa quien cobró 1.400.000. Sobre esto, el escrito añade: “Los destinatarios de los pagos referenciados no sólo son asociados de IEES sino que son miembros de su comisión directiva”.

Por otro lado, uno de los “clientes” de IEES sería David Lacroze Ayerza quien fotografió a Cristina Kirchner en un avión cuando viajaba a Cuba a visitar a su hija Florencia. “Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina; fue presidente de la extinta Junta Nacional de Granos en 1980, durante la última dictadura cívico militar; y consejero de la Asociación Argentina de Productores de Carne. (…) Pero David Lacroze Ayerza es mucho más que un pasado oscuro como funcionario en la última dictadura”.
Por último, la IFJ sostuvo “encomendar al Departamento de Asuntos judiciales la promoción en forma inmediata de la acción judicial de intervención contra la persona jurídica denominada Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, requiriendo el desplazamiento de los integrantes de su Comisión Directiva” e instruyó a su oficina jurídica para que presente “formal denuncia en las sedes penal y/o electoral correspondientes en razón de a posible violación de lo normado en la ley 26.215?, de financiamiento de los partidos políticos.