21 de abril de 2023
En 2017 se había realizado una denuncia que terminó en un escándalo en la Justicia y nuevamente se realiza otra muy similar.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos complejos de la capital de Tucumán, a cargo de Mariano Fernández, envió en marzo un oficio para solicitarle al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo una serie de informes sobre la entrega de viviendas que fueron construidas bajo el marco legal de los programas Federal de Villas y Asentamientos Precarios y obras de infraestructura, nexos, y obras complementarias; y del Programa Federal Techo Digno.
La denuncia la había presentado a fines del 2019 la entonces senadora nacional Silvia Elías de Pérez, donde aseguraba una malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Asimismo, la senadora señalaba que se entregaron 2500 unidades a funcionarios del gobierno de Juan Manzur, como también a personas cercanas al poder de turno.
Asimismo, la denunciante aseguró que el plan nacional tenía tres líneas que se enfocaban en la construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de unidades y mejoramiento del hábitat urbano, obras de infraestructura y complementarias. Sin embargo, se le asignó "a distintos funcionarios del Gobierno y a personas particulares que no encuadraban en el objetivo del programa, como también a sindicatos afines a la Casa de Gobierno".

A su vez, Elías de Pérez hizo hincapié en que el 90% de las casas que se entregaron habría sido a personas que no vivían en asentamiento o villas, violando de esta manera los requisitos fundamentales que se habían impuesto para llevar a cabo las obras. "1.052 viviendas estaban contempladas en las firmas de los convenios con 22 organismos gubernamentales y entidades sin fines de lucro, pero que en realidad eran organizaciones sindicales, conforme a un informe enviado por el Ipvydu -con fecha del 30 de agosto de 2019- a la Secretaria de Vivienda de la Nación", señalaron en sus observaciones.
En cuanto al presupuesto que se destinó para realizar las obras, la senadora aseguró que la Nación le giró 495,14 millones de pesos para la construcción de las casas de los sectores I, II, III y IV. No obstante, la provincia, de la mano de Manzur, también adjudicó alrededor de 269,9 millones de pesos a empresas constructoras para finalizar las unidas del sector III y IV, que fueron finalizadas y abonadas durante ese tiempo.
Cabe destacar que hay un antecedente que se vivió también en la provincia y con el instituto que nuclea las viviendas sociales llamado "Viviendas" y donde la misma senadora denunció irregularidades entre los funcionarios que participaban del proyecto. El caso salió a la luz en 2017, a partir de una investigación realizada por La Gaceta de Tucumán y donde se mostraba una serie de maniobras entre el organismo provincial con funcionarios y empresarios de la construcción, donde se firmaron contratos que no eran muy claros y donde los números no cerraban.

La denuncia llegó a la Justicia, quien señaló en aquel momento que José Lucas Barrionuevo, quien ocupaba el cargo de coordinador de Programas Federales del organismo, se habría beneficiado otorgándose licitaciones de obra mediante la empresa Marán, que estaba a nombre de sus sobrinos Sebastián Alejandro Nieva y Darío Martín Nieva.
También fueron imputados Jorge Horacio Tapia, inspector de obras del organismo y Néstor Miguel Jiménez Augier por enriquecimiento ilícito. Por su fallecimiento, no se investigó a Gustavo Durán, ex interventor del organismo. De esta manera y con este antecedente, se espera que la Justicia avance con esta nueva denuncia en contra de funcionarios públicos que manejan el organismo.