28 de abril de 2023

. La IGJ denunció por desvío de fondos a Bullrich: viajes a Miami, gastos de campaña y más


La denuncia contra Patricia Bullrich implica los aportes para su campaña como presidenta mediante el desvío de fondos de una asociación civil que dirige.









La candidata a presidenta para las próximas elecciones generales de agosto, Patricia Bullrich está viviendo unas horas complicadas tras la denuncia en su contra por un posible delito de defraudación por administración fraudulenta y por presuntas infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. El inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, acaba de presentar una denuncia contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que dirige Bullrich y con el cual podrían haber cometido los delitos.





La denuncia la manejarán los jueces federales Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli y en ella se destaca el pedido de desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva del instituto que lidera Bullrich, pero que al día hoy tiene una licencia. Asimismo, la denuncia de Nissen habla sobre los "aportes" que recibió la dirigente del PRO y los "amplios montos" que se manejaban y que no cumplían con la ley.





"De la documentación aportada por el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Social surge inequívocamente que han recibido ´aportes´ que usaron para la campaña proselitista de la Sra. Bullrich por sumas que exceden ampliamente el monto que, por persona y como máximo, hubieran podido percibir con el mecanismo de control de aportes partidarios por la Ley 26.215", es lo que explica Nissen, señaló la agencia Télam, quienes accedieron al documento.









Por otra parte, en la denuncia se explica la situación sobre la gran cantidad de dinero que se le aportó y que la ley no le permite excederse, como también la contribución de personas jurídicas que exploten juegos de azar. "El módulo electoral del partido político que preside la Dra. Bullrich –ahora en uso de licencia- es de $40.257.956, pero para el distrito Capital, el monto máximo de aportes por personas humanas o jurídicas es de $3.059.431 por año calendario", sostiene el inspector de la IGJ.





"Tampoco escapará que los partidos políticos no pueden recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar conforme el art. 15, inc. d), de la ley citada. Por ello es que por ésta vía de donaciones a la entidad civil que de ningún modo podrían ser aportantes a la campaña de un partido político, se ha eludido las prohibiciones de la ley 26215", asegura.





Además, en la denuncia destacan a las empresas que participaron de los aportes que estarían fuera de lo que permite la ley: "Así resulta de la propia documental aportada por la entidad civil al sumario base de estas actuaciones, donde aparecen como ´aportantes´ al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil nada menos que ´CASINO MELINCUÉ S.A.´, ´CASINO PUERTO SANTA FÉ S.A.´, entre otros".









En cuanto a las personas involucradas está el diputado Gerardo Milman, quien también fue denunciado por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Martín Siracusa, secretario del EIIS, Silvia Turetzky, tesorera del lugar y Juan Pablo Arenaza, actual legislador porteño, jefe de campaña de Bullrich y presidente de "Unión por la Libertad". Cabe destacar que el expediente que inició en 2022 la IGJ fue por las investigaciones de dos medios de comunicación que señalaron que Bullrich organizaba encuentros con empresarios para financiar mediantes la IEES su campaña.





Por último, la investigación asegura que otro de los indicios es que el instituto pagaba varias líneas de teléfonos de titulares de "Unión por la Libertad". También vuelos a Salta, Miami, el resto de Estados Unidos que realizó Bullrich y el pago de gastos de distintas localidades en las que realizó actos partidarios para lanzar su campaña presidencial. "La información recolectada permite concluir que la asociación civil ha desplegado acciones ajenas a su objeto social y ha sido utilizada para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar", concluye Nissen.


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