24 de mayo de 2023
Para los libertarios, la nulidad de los sufragios en el escrutinio definitivo, los había despojado de dos bancas de concejales, una por cada distrito, pero las autoridades suscribieron el acta 7 por la que se ratifica el criterio inicial de no dar por válidos los votos al haberse emitido con boletas de color verde, en lugar de las amarillas correspondientes al estamento.
Las elecciones fueguinas se llevan a cabo divididas en cuatro boletas separadas, una de color azul para gobernador y vice, otra verde para intendente, otra blanca para diputados provinciales y una amarilla para concejales. El problema radicó justamente en que los republicanos distribuyeron una semana antes de los comicios las boletas de concejales de color verde, en lugar de amarillo (aducen haber tenido problemas con la impresión por la falta de papel de color) aunque con todos los demás datos (logo partidario, número de boleta y nombre de candidatos) exigidos por la ley local.

Las juntas encabezadas por la jueza Electoral interina Mariel Zanini sostuvieron que los votos anulados “fueron 2.378” y “no 3.000”, y refutaron que el partido “introdujo en los comicios una interferencia que distorsionó la voluntad de los ciudadanos, impidiendo que la voluntad popular se expresara en condiciones de auténtica libertad, y para ello, es indispensable que no sólo no existan intermediarios, sino que ni siquiera desde la oferta electoral misma se propenda a cualquier posibilidad de confusión electoral”, sostuvo el acta resolutiva.
Además se explicó que la Justicia oficializó un “modelo de boleta” (de color amarillo) y que el partido tenía la obligación de imprimir otros iguales, mientras que la autenticidad de los papeles no puede ser verificado por razones logísticas cuando se distribuyen en las urnas cinco días antes de los comicios.
“Pero el partido lo hizo (…) decidiendo de manera solapada, presentar boletas diferentes para disponer en los cuartos oscuros. Lamentamos profundamente que maniobras ilegales como estas violenten la expectativa y la voluntad de los electores que confían en el sistema democrático, porque hoy, a la luz del ruido mediático alcanzado, hace sospechar que no estamos ante una simple impericia de la agrupación”, acusó el fallo de las autoridades electorales fueguinas.

En tanto, el apoderado de Republicanos Unidos, Santiago Paulli, calificó la decisión judicial como un “atentado contra la democracia” y anticipó que recurrirán la medida ante la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, el Superior Tribunal de Justicia y eventualmente ante la Corte Suprema.
“No reconocen su error y nos acusan de malicia y de maniobras ilegales. Es decir, ellos atentan contra la democracia pero los malvados somos nosotros. Esto es un escándalo”, afirmó Paulli a través de sus redes sociales.