30 de junio de 2023
El gobierno de la provincia de Mendoza acudió a la Corte Suprema de Justicia con el fin de revocar tres resoluciones que rubricó el Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI) mediante las cuales otorga más de 24.000 hectáreas a comunidades que se autoproclaman mapuches. Fuentes gubernamentales de la mencionada provincia indicaron que “vimos agotadas las alternativas a través de los canales administrativos, ahora vamos por la vía judicial para frenar esta cesión irregular”.

La finalidad de la medida es revertir los alcances de las resoluciones 36, 42 y 47 de 2023 del INAI, emitidas en enero pasado, las cuales otorgan tierras públicas a tres comunidades mapuches, dos de las cuales todavía no son reconocidas como tales por el mismo organismo que las beneficia. Se trata de las autodenominadas lof El Sosneado, lof Suyai Levfu y lof Limay Kurref, cuya preexistencia en la provincia está en el foco de distintos referentes políticos mendocinos e incluso de gran parte de la población que expresó su rechazo a la cesión. Ni la primera ni la última contaban con personería jurídica cuando el organismo firmó las resoluciones.
Al respecto, el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, indicó que se presentó “un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas Resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches”. También mencionó la falta de respuesta del organismo a otros recursos presentados. El funcionario considera que el silencio del organismo se atribuye a que no tiene argumentos sólidos para responder porque los mismos “habrían sido incluidos en las resoluciones” e incluso se podrían haber rechazado los recursos del gobierno.
“Como se han mantenido inmóviles, y se vencieron los plazos, corresponde que se active la parte judicial”, añadió Ibáñez. “El trabajo de relevamiento que hizo el INAI en Mendoza se hizo en base de una ley nacional de emergencia, vencida, cuya prórroga se hizo por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Esto hace que la ley usada para hacer lo que hicieron es inconstitucional”, completó.
En tanto, la legislatura provincial repudió el DNU del Gobierno nacional mediante el cual se prorrogó la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ya que “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.
“Aun cuando esa ley fuese constitucional, sólo habilita al INAI a relevar las comunidades y establece una serie de requisitos: que esas comunidades tengan personalidad jurídica y que haya una participación efectiva de la provincia en ese relevamiento”, agregó.