. Milei le pidió a Alberto Fernández que revoque decretos de su gobierno

En las últimas horas, Javier Milei le solicitó a Alberto Fernández que suspenda y revoque decisiones gubernamentales que el libertario definió como "acciones contra el sistema democrático".

A través de una carta con forma de presentación judicial, dirigida a Alberto Fernández, Javier Milei le pidió al actual presidente que "se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023?.

En la misma sintonía, el libertario añadió: "Le corresponde a usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía" y adviertió que "si, como es de esperar, continuara con su silencio y su inacción, será cómplice de una conducta que afecta al sistema democrático y pasible de las responsabilidades que ese proceder conlleve".

Por otro lado, el candidato a presidente se refirió a "la grave e ilegítima actuación en la que ha incurrido el Estado Nacional" y le pidió a Alberto Fernández que actúe "en los términos de los artículos 14 de la Constitución Nacional y XXIV del de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" para revocar una serie de actos de gobierno.

Además, Javier Milei fue claro en su pensamiento al manifestar: "El 10 de diciembre de 2023 asumirán las nuevas autoridades elegidas por el voto popular en las elecciones que se desarrollarán el 22 de octubre de 2023. Se trata de un momento gravitante en la vida de una Nación. No solamente por el significado republicano y democrático de toda jornada electoral, sino especialmente, por el impacto que puede tener en el rumbo de un país la elección un determinado programa de gobierno".

Por último, el actual diputado afirmó: "Numerosos fueron (y siguen siendo) los actos administrativos (irrazonables e ilegítimos) dictados por la administración pública tanto centralizada como descentralizada que comprometen el presupuesto futuro, condicionan la actuación de los gobernantes futuros y perjudican, en definitiva, el progreso de los argentinos".