El 30 de octubre, luego de que se produjera una caída de los servidores, un tercero no identificado publicó los datos de un grupo de clientes con el fin de extorsionar al Interbank de Perú.

A raíz de este hecho, le Poder Judicial enfatizó acerca de las penas aplicables a este tipo de delitos, las cuales pueden alcanzar los 12 años de cárcel, especialmente en los casos en los que los damnificados sean instituciones privadas o estatales.

"En los casos más graves, como los relacionados con la pornografía infantil, las sanciones son aún más duras. La pena varía según el impacto económico o la sustracción de datos personales que implique cada caso" explicó Bonifacio Meneses, juez superior del Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima.