. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas denuncia irregularidades en licitación de la Hidrovía

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha presentado una denuncia sobre serias irregularidades en el proceso licitatorio para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida popularmente como la Hidrovía. El fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti destacaron la importancia estratégica de esta vía para la economía argentina y su rol esencial en el comercio regional e internacional, según el dictamen emitido en el marco del Expediente PIA n.º 126/2022.

Uno de los puntos más críticos señalados por la PIA fue la "inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados", lo que contraviene disposiciones clave del proceso licitatorio. Además, se advirtió la falta de cumplimiento con el artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que obliga la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones.

El dictamen también reveló denuncias de posibles oferentes que sugieren un direccionamiento hacia la empresa encargada actualmente del dragado de la vía troncal, lo que ha generado serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia del proceso. Esta situación ha sido igualmente observada por un grupo de diputados nacionales, quienes señalaron que tal presunto direccionamiento comprometería principios fundamentales como la "igualdad, transparencia y concurrencia" que deben regir las licitaciones públicas.

La PIA advirtió que los errores en la redacción de los pliegos de la licitación podrían tener repercusiones graves, no solo en términos administrativos, sino incluso penales, debido a la vulneración de los procedimientos establecidos por la ley. Cabe recordar que la misma Procuraduría ya había intervenido en la Licitación Pública n.º 13/2021 para el dragado de la Vía Navegable Troncal, donde también observó "diversas irregularidades" y recomendó medidas correctivas para evitar la repetición de estos problemas en futuras licitaciones.

Ante esta situación, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio se lleve a cabo con plena transparencia y cumpla con los principios de "juridicidad, razonabilidad y publicidad", los cuales deben regir cualquier contratación pública, tal como lo exigen tanto las normativas nacionales como los compromisos internacionales asumidos por Argentina.