La Universidad de Buenos Aires (UBA) sufrió pérdidas por 1.591 millones de pesos tras caer en una estafa que afectó a las facultades de Derecho y Odontología. Los estafadores, que simularon ser personal de la Tesorería de la UBA, realizaron trece transferencias bancarias a personas físicas y jurídicas inexistentes desde cuentas del Banco Nación, en una maniobra detectada en septiembre del año pasado.
Tanto la UBA como el Banco Nación iniciaron investigaciones internas, lo que derivó en la detención de 17 personas en el marco de una causa encabezada por el juez Sebastián Ramos. Según el informe judicial, los autores de la estafa utilizaron órdenes de transferencias fraudulentas a través del sistema MEP (Medio Electrónico de Pago), enviadas inicialmente por correo electrónico y luego en formato papel mediante un cadete, con firmas falsas de personas autorizadas para operar las cuentas de las facultades.
El esquema fraudulento incluyó una dirección de correo apócrifa, tesoreria@ubatic.net.ar (mailto:tesoreria@ubatic.net.ar), desde la cual se enviaron los formularios de transferencia. Además de las trece transferencias concretadas por 1.591 millones de pesos, los estafadores intentaron autorizar otras tres transferencias por 341 millones de pesos, que no se materializaron. La magnitud de la estafa ha generado alarma en la UBA y el Banco Nación, que buscan esclarecer las responsabilidades.
La investigación liderada por el juez Ramos apunta a desentrañar cómo los delincuentes lograron vulnerar los sistemas de seguridad de la UBA y el banco, así como identificar a posibles cómplices. La detención de los 17 involucrados marca un avance significativo, pero las autoridades continúan analizando los movimientos de dinero para determinar el alcance total del fraude y evitar que se repitan este tipo de maniobras.
Este escándalo pone en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones públicas frente a estafas sofisticadas y resalta la necesidad de fortalecer los controles internos. Mientras la UBA enfrenta las consecuencias económicas de las pérdidas, la Justicia trabaja para garantizar que los responsables sean llevados ante la ley, en un caso que ha conmocionado a la comunidad académica y al sector bancario.
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