Una empleada del Poder Judicial de Río Negro, identificada como Paula P., fue exonerada de su cargo tras una auditoría interna que reveló que acumuló más de 400 días de licencia en solo cuatro años y figuraba como empleada activa en otros dos organismos públicos, basado en una publicación de Cinthia Ruth en Infobae.
La investigación, iniciada en mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani, constató un patrón de ausencias reiteradas justificadas con certificados médicos y licencias extraordinarias entre 2019 y 2023. Además, se descubrió que Paula P. se trasladó a Neuquén durante la pandemia, sin dejar de percibir su salario como empleada judicial rionegrina.
Oficios enviados a AFIP y ANSES confirmaron que la trabajadora también estaba empleada en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, lo que representa una incompatibilidad legal con su cargo judicial. A pesar de que Paula P. alegó desconocimiento de la normativa y dificultades personales, los instructores del sumario determinaron que su conducta violó los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública L3550.
El Superior Tribunal de Justicia dictó la exoneración definitiva el 12 de febrero de 2025 y ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para evaluar una posible causa penal por perjuicio económico al Estado, relacionado con los salarios percibidos durante las ausencias injustificadas.
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