Diputados debatirá en comisión la baja de edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados debatirá este martes en comisión el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para los menores de edad.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno con el respaldo de los bloques dialoguistas del PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores de Encuentro Federal, apunta a modificar el sistema actual y establecer un marco penal juvenil más estricto pero con enfoque resocializador.

En contraposición, rechazan la propuesta Unión por la Patria (UxP), la izquierda, varias organizaciones de Derechos Humanos y, recientemente, el presidente de la comisión de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, quien expresó: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz".

Luego de varias postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), citó para este martes a las 16 al plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen.

El plenario estará integrado por las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Rodríguez Machado, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La estrategia del oficialismo es lograr este martes la firma del despacho de mayoría para tratar el proyecto en el recinto antes de fin de mayo, según confirmaron fuentes parlamentarias.

El tema ya fue debatido en siete reuniones durante el año pasado y en dos encuentros más en 2024, los días 12 y 19 de marzo, previos a la sesión por el acuerdo con el FMI.

Aunque el Gobierno pretendía establecer la edad mínima de imputabilidad en 13 años para delitos graves, el consenso actual gira en torno a los 14 años, tal como propone, entre otros, el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP).

El proyecto oficial también dispone que no se podrá imponer prisión perpetua a menores y que el máximo de pena será de 20 años, incluso cuando existan varios delitos.

En materia de resocialización, el texto prevé programas educativos, formación ciudadana, actividades deportivas y tratamientos médicos. Además, contempla la creación de la figura del supervisor, quien tendrá a cargo el acompañamiento del joven en su proceso de rehabilitación e inserción social.

Asimismo, se prevé que, tras cumplir dos tercios de la condena, la pena pueda continuar en el domicilio. Además de la cárcel y el arresto domiciliario, se incorporan otros lugares como institutos abiertos o especializados en menores.

En el caso de delitos menores, se aplicarán sanciones alternativas como prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo comunitario, monitoreo electrónico y reparación del daño.