16/05/2025
La Cámara de Casación avaló que la magistrada continúe al frente de la investigación por pagos irregulares desde una firma estatal entrerriana a la empresa Securitas. El ex legislador está imputado y tiene pedido de extradición.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso presentado por la defensa de Marcelo Segarra, Esteban Arcapalo y Segar Seguridad S.A, quienes buscaban apartar a Sandra Arroyo Salgado del expediente.
Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo ratificaron su competencia, en línea con lo resuelto anteriormente por la Cámara Federal de San Martín.
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En 2019, la empresa sueca Securitas denunció internamente movimientos de dinero sospechosos tras un cambio de gestión. Esa autodenuncia reveló la salida de millones de dólares sin respaldo legal.
La firma reconoció que esos fondos fueron usados como sobornos para garantizar contratos con organismos estatales, lo que dio inicio a una causa penal en el Juzgado Federal de San Isidro.
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Según la declaración judicial de Securitas, los pagos indebidos se realizaron para obtener beneficios en la contratación de servicios de seguridad privada. Fueron mencionadas como beneficiarias de coimas varias dependencias oficiales: AYSA, RENAPER, SENASA, ANMAC y ENERSA, entre otras.
En algunos casos, los sobornos también buscaban acelerar pagos atrasados por servicios ya prestados.
Uno de los principales señalados es Edgardo Kueider, quien al momento de los hechos formaba parte de la conducción de ENARSA. Está imputado por corrupción, y fue detenido en Paraguay mientras intentaba cruzar la frontera con 200 mil dólares sin declarar, acompañado por su secretaria Iara Guinsel Costa.
Ambos se encuentran con arresto domiciliario en ese país y la Justicia argentina solicitó su extradición.
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La Justicia detectó que Kueider sería dueño de inmuebles en Paraná, cuya titularidad aparece registrada a través de la firma Betail.
El edificio donde se ubican habría sido construido por un grupo vinculado a Claudio y Marcelo Tortul, también involucrados en la causa por sobornos.
El fiscal Fernando Domínguez solicitó documentos societarios, informes de AFIP y del Banco Central, además de declaraciones juradas, para evaluar el posible enriquecimiento ilícito.
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