Política. Quién es Romina Diez, diputada santafesina que busca “modernizar” la Ley de Contrato de Trabajo

Romina Diez es una política y economista argentina de 45 años, nacida en Santa Fe, que se ha consolidado como una de las figuras clave del movimiento libertario en el país.

Es diputada nacional por la provincia de Santa Fe desde diciembre de 2023, representando al partido La Libertad Avanza (LLA), el espacio político del presidente Javier Milei.

Diez es presidenta de LLA en Santa Fe y se describe como una defensora del libre mercado y las reformas estructurales para "adaptar la legislación a los nuevos tiempos".

Formación académica: Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cuenta con especializaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Universidad de León, España.

Antes de la política, Diez estuvo vinculada durante años a la Fundación Libertad, un think tank liberal donde tejió lazos con dirigentes del PRO y empresarios del sector agropecuario.

Antes de su incursión electoral, se presentaba como una "batalladora cultural" en temas económicos y libertarios.

Tiene una hija y es apodada "la ejecutiva" en los círculos del Congreso por su estilo profesional y técnico.

Ascenso político: En las elecciones legislativas de 2023, encabezó la lista de LLA por Santa Fe y se convirtió en la candidata más votada de la provincia, obteniendo el 35% de los sufragios, lo que la posicionó como la primera diputada libertaria en la región.

Es aliada cercana de Karina Milei, hermana y secretaria presidencial del presidente, y ha impulsado figuras jóvenes en el partido, como candidatos de 25 años en las elecciones de 2025.



Diez saltó a la escena nacional a fines de 2024 al presentar el proyecto de ley titulado "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", que sirve como base para la reforma laboral que el gobierno de Milei busca impulsar en el nuevo Congreso, tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Esta iniciativa, que reproduce partes del capítulo laboral del DNU 70/2023 (suspendido por la Justicia), propone modificaciones profundas a la Ley de Contrato de Trabajo de 1976 para "formalizar empleo, atraer inversiones y dar flexibilidad a pymes".

El proyecto ha generado un intenso debate: para los libertarios, es una "modernización" que beneficia a empleadores y trabajadores al permitir "negociaciones dinámicas" y mayor competitividad económica; para sindicatos y opositores, representa un "ataque a los derechos laborales adquiridos", con retrocesos en protecciones históricas.



Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

* Ampliación de la jornada laboral: se permite extender de 8 a 12 horas mediante bancos de horas o regímenes especiales, respetando al menos 12 horas de descanso entre jornadas.
* Flexibilización de convenios: se habilitan acuerdos individuales homologados que puedan modificar elementos esenciales del contrato.
* Digitalización de recibos de sueldo, detallando conceptos y deducciones.
* Redefinición de beneficios sociales no remunerativos, incluyendo viáticos, guarderías, capacitación y cobertura médica.
* Vacaciones fragmentadas en períodos no menores a una semana, con posibilidad de otorgamiento hasta el 30 de abril del año siguiente.
* Licencias por enfermedad controladas mediante un registro de médicos peritos dependiente del Ministerio de Capital Humano.
* Limitación de honorarios y costas judiciales en juicios laborales hasta un 25% del monto de la sentencia.
* Incentivos fiscales para la contratación, incluyendo devoluciones de aportes patronales para micro, pequeñas y medianas empresas y beneficios especiales para la incorporación de empleados del sector público.







El proyecto cuenta con el apoyo de más de una docena de diputados libertarios, como Lilia Lemoine y José Luis Espert, y se prevé su debate en el Congreso a partir de diciembre.

Diez ha defendido la iniciativa en medios, argumentando que "no se trata de quitar derechos, sino de dar opciones al trabajador". Sin embargo, gremios como la CGT la critican como una "reforma esclavista" alineada con el FMI y las políticas de los "90.