Sucesos. Sobreseído, pero no absuelto: La Justicia insiste con el camionero que llevó a María Cash

El caso de la desaparición de María del Carmen Cash, una diseñadora de indumentaria de 29 años oriunda de Buenos Aires sigue siendo uno de los enigmas judiciales más prolongados en Argentina.

Cabe recordar que la joven fue vista por última vez el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta mientras hacía autostop (o "dedo") en la Ruta Nacional 34, rumbo a Jujuy.

Había dejado su equipaje en la terminal de ómnibus de Salta y viajaba con poco dinero, posiblemente en busca de un "viaje espiritual" o de cambio personal.

Héctor Romero, un camionero salteño de 72 años (al momento de su detención en 2024), fue identificado como la última persona conocida en tener contacto con María Cash. Según su testimonio inicial en 2011, la levantó en la rotonda de Torzalito (cerca de General Güemes) y la dejó en la zona de Joaquín V. González, en el tramo de las rutas 9/34 y 16.

Sin embargo, sus declaraciones evolucionaron con el tiempo: en 2019 cambió el lugar de descenso a la gruta de la Difunta Correa, y en su indagatoria de noviembre de 2024 negó las versiones previas, insistiendo en un punto antes de una gomería.

Estas inconsistencias, junto con peritajes sobre sus comunicaciones telefónicas y análisis de evidencia digital forense de Gendarmería, lo convirtieron en el principal sospechoso.

El fiscal Eduardo Villalba lo imputó por homicidio calificado por alevosía, argumentando que Romero podría haber actuado con intenciones sexuales, atacado a la joven ante su rechazo y hecho desaparecer el cuerpo.

Villalba destacó: "Todo indica que Romero le quitó la vida a María Cash e hizo desaparecer el cuerpo", y señaló el "silencio de su entorno" como sospechoso.



Romero pasó seis meses en prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

En mayo de 2025, la jueza federal subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal N°2 de Salta, dictó el sobreseimiento definitivo de Romero por "falta de pruebas suficientes". En un fallo de 419 páginas, la magistrada concluyó que las escuchas telefónicas no revelaron indicios de culpabilidad ni patrones manipuladores.

Las contradicciones en las declaraciones de Romero no constituyen "indicio de suma relevancia", ya que podrían deberse a fallos de memoria en un evento de hace 13 años.

No hay evidencia física (ADN, rastros en el camión) ni testigos directos que lo vinculen al homicidio.

Se abren otras líneas: la jueza cuestionó a la familia Crespín (dueños de una gomería y comedor en la zona donde Romero dice haberla dejado), sugiriendo posible involucramiento en robo o secuestro.

La familia de Romero celebró la decisión, denunciando "condena social" por ser tildado de "violador" y "ludópata", y exigiendo que la investigación avance hacia la "verdad" sobre Cash.

Su hermano David lamentó: "Desconocemos por qué lo querían inculpar".

A pesar del sobreseimiento, el fiscal Villalba y la Defensoría de Víctimas del Delito apelaron inmediatamente ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, buscando anular el fallo y reabrir la causa para un eventual juicio oral.

Villalba argumenta que el sobreseimiento se basa en "pruebas malinterpretadas" y que impide esclarecer el homicidio.

Este miércoles 29 de octubre se realizó una audiencia clave en la Cámara. Allí, Villalba presentó argumentos para revertir la decisión, reiterando las contradicciones de Romero y la hipótesis que actuó solo o con cómplices.

La Justicia solicitó más tiempo para resolver, con expectativa de fallo antes de fin de año.

La familia de Cash, representada por su hermano Máximo, expresó "consternación" por el revés inicial y apoyo a la apelación.

La causa vuelve a "foja cero" sin acusados formales, pero la apelación podría reactivarla.

Mientras, hipótesis alternativas (robo en la terminal, trata o accidente) permanecen abiertas, aunque sin avances.

La familia de Cash mantiene viva la búsqueda, y el caso simboliza las fallas en investigaciones de desapariciones en rutas argentinas. Si la Cámara falla a favor de la apelación, Romero podría volver a ser imputado; de lo contrario, la investigación se redirigirá a nuevos sospechosos como los Crespín.

A pesar de múltiples hipótesis, desde robo, hurto de pertenencias hasta homicidio, el caso permanece sin resolverse tras 14 años, con la familia de Cash exigiendo respuestas y el Ministerio de Seguridad ofreciendo recompensas de hasta 5 millones de pesos sin resultados concretos.