30 de octubre de 2025
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que su Gobierno “no tolera las organizaciones criminales”, tras la brutal masacre registrada en Río de Janeiro, donde una operación policial dejó un saldo de más de 130 muertos. Además, el mandatario instruyó a su gabinete a coordinar una intervención federal de forma inmediata para hacer frente al impacto de la violencia en las favelas.
De esta manera, Lula estableció que el ministro de Justicia y el director de la Policía Federal de Brasil se trasladen de inmediato a la capital fluminense para coordinar con el gobernador y organismos de seguridad la asistencia operativa.
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En esa línea, el gobierno federal se posicionó con claridad ante las acusaciones del mandatario estatal Cláudio Castro, quien había afirmado que la federación no prestó apoyo para el operativo. La cartera de Justicia explicó que “no recibió solicitud formal” previa para un decreto de Garantía de Orden Público, lo que avivó la tensión institucional.
El comunicado oficial de la Secretaría Nacional sostuvo que “se han respondido con pronta solicitud a todas las revocaciones de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública”, y resaltó que no se detectó falta de cooperación por parte del gobierno federal. En paralelo, el presidente Lula se mostró “horrorizado” ante el número de muertos y subrayó la gravedad del hecho como un llamado de atención para la política de seguridad nacional.
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El escenario en Río de Janeiro luego del megaoperativo muestra calles con escuelas cerradas y transporte afectado, mientras la movilización de unos 2.500 agentes fue reportada como parte del despliegue policial que enfrentó barricadas, drones y fuego cruzado con el Comando Vermelho. Aunque la operación se efectuó bajo jurisdicción estatal, el gobierno federal tomó la decisión de involucrarse directamente ante la magnitud del episodio, que es considerado el más letal registrado en la ciudad en décadas.
El presidente destacó que la estrategia del crimen organizado, que ha ganado terreno en las favelas mediante control territorial y violencia estructural, “ya no será tolerada”. El anuncio marca un giro en la postura oficial hacia el enfrentamiento directo del narcotráfico y la violencia urbana en Brasil.
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