Un actor religioso que ya estaba dentro de la Casa Rosada
El 26 de diciembre de 2022 Alberto Fernández recibió durante unos 90 minutos en la Casa Rosada a la conducción de ACIERA, encabezada por Christian Hooft e integrada por Rafael Pedace, Alejandro Espínola, Osvaldo Carnival, Ligia Würfel y Jorge Gómez, con el entonces secretario de Culto Guillermo Oliveri como enlace político.
Allí se reconoció el trabajo social de las iglesias evangélicas en todo el país y se reactivó un reclamo histórico: la personería jurídica específica para las iglesias y su reglamentación, así como la atención espiritual para los uniformados de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Lejos de ser un gesto protocolar de fin de año, ese encuentro coronaba una serie de reuniones previas -2019 y 2020- en las que el propio Fernández había pedido a las iglesias que acompañaran Argentina contra el Hambre y otras políticas de contención social.
La propia ACIERA lo reconoció: el vínculo con el Ejecutivo peronista se tejió sobre la base del trabajo territorial y el reconocimiento de que los templos llegan donde el Estado no. En aquella audiencia, la conducción evangélica obsequió al Presidente un cuadro titulado "Perdón" y el libro "Sin perdón no hay futuro" -un mensaje explícito de reconciliación y encuentro- y se cerró con una oración elevada por el pastor Rafael Pedace sobre la vida y la gestión presidencial.
Un gesto religioso, sí, pero también políticamente funcional, que mostraba a un gobierno acosado por la crisis económica y la tensión con la Iglesia Católica abriéndole la puerta a otro actor de fe con presencia federal.
Del peronismo al libertarismo: el mismo socio, otro discurso
Cuatro años después, ya bajo el gobierno de Javier Milei, la escena cambió, pero los protagonistas no. Mientras el Ministerio de Capital Humano rechazaba recibir a las organizaciones sociales que denunciaban falta de alimentos en los comedores, la ministra Sandra Pettovello firmó en José C. Paz un convenio de asistencia alimentaria con ACIERA por $177.500.000 para abastecer 723 puntos de entrega que, según el propio gobierno, llegarían a 36.150 personas.
La paradoja quedó servida: el mismo Ejecutivo que denunciaba "intermediarios" en los movimientos populares decidió tercerizar la ayuda en una organización religiosa que, justamente, actúa como intermediaria entre el Estado y las familias pobres.
La justificación oficial fue que las iglesias tienen capilaridad territorial y una red ya montada, pero políticamente significó desplazar a los actores sociales incómodos y reemplazarlos por un aliado ideológico y culturalmente más afín.
¿Por qué ACIERA logra entrar con todos?
ACIERA consigue abrir puertas con administraciones opuestas por una combinación de factores. Primero, su presencia federal real: reúne a centenares de iglesias con trabajo cotidiano en villas, barrios populares y ciudades del interior, lo que le da información social y capacidad de ejecución valoradas por cualquier gobierno.
Segundo, empuja un reclamo institucional transversal que no cambia de bandera: el reconocimiento pleno y la personería jurídica específica para las iglesias evangélicas, una demanda con miles de fieles detrás.
Tercero, ofrece un discurso de pacificación funcional al poder: oraciones por el Presidente y llamados a la unidad nacional que, en tiempos de crisis, ningún oficialismo desprecia.
Y cuarto, cuenta con puentes políticos internos en el presente: la bancada de La Libertad Avanza incorpora referentes del mundo evangélico -como Nadia Márquez, hija de Hugo Márquez, vicepresidente de ACIERA- que acercan al sector no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso.
El punto más sensible del acuerdo 2024 fue el monto y el método. Capital Humano comprometió $177,5 millones en un contexto de emergencia alimentaria mientras descreía de los comedores populares vinculados a la UTEP u otras organizaciones.
La cartera planteó que, con ACIERA, la ayuda sería "directa y sin intermediarios"; sin embargo, lo que hizo fue cambiar de intermediario: en lugar de movimientos sociales, pastores y fundaciones evangélicas. Distintos reportes subrayaron esa contradicción y luego denunciaron demoras e irregularidades en la distribución de alimentos por parte de algunos nodos, lo que abre otra discusión de fondo: ¿está el Estado controlando cómo se ejecutan esos fondos y cómo se materializa la asistencia en el territorio?
Comparar el trato de Fernández y de Milei con las iglesias evangélicas revela una continuidad estructural en la política estatal: cooperación con el sector religioso más allá de la identidad del Presidente. Con Alberto Fernández, el acento estuvo en sumar a las iglesias al dispositivo contra el hambre, reconocer su trabajo social y sostener un diálogo ecuménico que incluyera también a la Iglesia Católica; en definitiva, incorporarlas al esquema peronista de contención social.
Con Javier Milei, en cambio, las iglesias pasan a ser actor sustituto de las organizaciones cuestionadas, reciben transferencias millonarias y aportan legitimidad moral a un gobierno que confronta con la Iglesia Católica y con los movimientos sociales; es una alianza estratégica en un proyecto que promete "orden" y "asistencia focalizada".
En ambos casos, el resultado es el mismo: el poder político reconoce a las iglesias evangélicas como un canal eficaz para llegar a los sectores populares y está dispuesto a financiarlas para que hagan esa tarea.
Lo que todavía falta transparentar
Quedan abiertos interrogantes que exigen transparencia activa. ¿Cuáles fueron los criterios de selección para elegir a ACIERA por sobre otras federaciones o consejos evangélicos y si hubo una convocatoria abierta? ¿Qué mecanismos de control y auditoría verifican que los $177,5 millones efectivamente alcancen a las 36 mil personas prometidas en los 723 puntos declarados? ¿Qué peso real tuvieron los vínculos político-religiosos de la cúpula de ACIERA con diputados libertarios y con funcionarias clave del Ejecutivo a la hora de asignar fondos?
Responder estas preguntas es clave porque, cuando el Estado terceriza una política de hambre en actores religiosos, no solo administra comida: administra poder, legitimidad y representación.
La Conferencia Episcopal dejó trascender su malestar porque el presidente Javier Milei aún no recibió a su cúpula pese al pedido cursado hace casi doce meses para la tradicional audiencia de Navidad. Lo confirmó el secretario general, monseñor Raúl Pizarro, quien aseguró que no hubo respuesta oficial.
Según Pizarro, el único contacto en el año fue "una charla presencial" con el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, hace diez meses, y nada más. En paralelo, el Episcopado recibió a políticos, empresarios y sindicalistas que piden diálogo y acuerdos, pero esas gestiones "no se traducen en la esfera pública".
El prelado admitió que les solicitaron actuar de puente con senadores y diputados, pero "no hubo puertas abiertas" para eso. Consideró que la falta de voluntad de diálogo no es solo con la Iglesia Católica, sino con "múltiples espacios", y confió en que, tras las elecciones legislativas, se inicie "otro momento".
Sobre los comicios, Pizarro habló de la dificultad para "acercarse a expresar la elección", pero reivindicó el voto libre y el derecho a marcar descontento y rumbo. Tras las urnas, pidió "trabajar consensos y diálogo" y ofreció al Episcopado como espacio de encuentro para "volver a unirnos y tirar todos para el mismo lado".
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