La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, emitió en septiembre de este año el decreto 488/25, que obliga a los 24 senadores cuyo mandato finaliza el 10 de diciembre a devolver sus despachos, oficinas, mobiliario y equipamiento completo (incluyendo muebles, computadoras, celulares, tarjetas de acceso y documentación administrativa) antes de esa fecha.

La medida busca romper con la tradición de "heredar" despachos entre legisladores salientes y entrantes, permitiendo que Villarruel reasigne los espacios de manera centralizada, priorizando los del edificio principal del Congreso (más codiciados) sobre los anexos.

Sin embargo, la iniciativa duró menos de dos meses: senadores de diversos bloques -kirchnerismo (como Oscar Parrilli, quien pactó entregar su despacho a Eduardo De Pedro), Provincias Unidas, PRO y radicales- se resistieron y comenzaron a negociar "enroques" directos, ignorando el decreto.

Esto generó tensiones, ya que la práctica de heredar oficinas es histórica y no se modifica fácilmente con una norma unilateral.

Fuentes legislativas indican que Villarruel subestimó la rebeldía, y el PRO junto a independientes buscan mejoras en ubicaciones, mientras la UCR defiende sus espacios pese a pérdidas electorales.

La rebelión destaca el control que los senadores ejercen sobre recursos estatales y complica la gestión de Villarruel, quien ya enfrentó críticas por otras medidas como despidos masivos y reorganizaciones internas.


Reclamos y disputas por espacios

El caso más recordado es el del santacruceño José María Carambia, quien al inicio de la gestión libertaria llegó a instalar una mesa en un pasillo del Senado para reclamar una oficina adecuada. La foto se viralizó y pocas horas después obtuvo respuesta.

Su compañera de bancada, Natalia Gadano, también se destacó por sus reclamos y enfrentamientos verbales con Villarruel y su equipo.