Política. El Gobierno inició formalmente el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina

El Gobierno nacional ha puesto en marcha el proceso de privatización de la empresa pública Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) al autorizar la venta del 44 % de su paquete accionario, mientras el Estado se reserva el 51 % del capital y el 5 % restante se destina a los trabajadores.

El decreto publicado en el Boletín Oficial instruye a la Secretaría de Energía a concretar la venta del 44 % del capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, dejando en manos del Estado el 51 % para mantener el control. Además, se establece un programa de propiedad participada que asigna el 5 % de las acciones a los trabajadores de la empresa.

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La resolución regula que la Secretaría de Energía coordine la actuación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, realice un inventario de los bienes tangibles e intangibles de la empresa y complete el proceso en un plazo máximo de un año desde la firma de la norma.

La integralidad del plan deja claro que la privatización se inscribe en el marco de la Ley 27.742 de "empresas sujetas a privatización", que había incluido con anterioridad a NA-SA en su listado de compañías estatales a reconfigurar. Con el envío al mercado de una parte mayoritaria del capital, el Gobierno busca equilibrar la entrada de inversión privada con el mantenimiento del control estatal en un sector considerado estratégico.

La generación de energía eléctrica representa el 7% del total producido en el sistema eléctrico argentino.

Este paso plantea un cambio significativo para la operación de las centrales nucleares del país, que la empresa estatal pone en marcha: las instalaciones de Central Nuclear Atucha I, Central Nuclear Atucha II y Central Nuclear Embalse suman en conjunto una potencia instalada estimada en 1.763 MW, lo que representa aproximadamente el 7 % del consumo eléctrico argentino.

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Como señalado por críticos del plan, la empresa es considerada "superavitaria" y de relevancia estratégica para el desarrollo tecnológico y nuclear del país. Entre sus detractores, se argumenta que su privatización podría implicar riesgos para la independencia técnica y el control de la cadena nuclear, así como un eventual impacto al alza en las tarifas eléctricas si un inversor privado busca incrementar sus ganancias.

En términos de contexto político-económico, la iniciativa se enmarca dentro del plan del Gobierno nacional por reducir el tamaño del Estado, atraer capital privado e impulsar la inversión en el sector energético, pero también genera tensión con los sindicatos, especialistas y sectores de la industria que denuncian que la privatización equivale a una cesión de soberanía nacional y exposición a intereses externos.

En paralelo, los trabajadores nucleares han anunciado movilizaciones en protesta del proceso, reclamando mayor participación, que se garantice la preservación del empleo técnico y que no se diluya la capacidad de investigación y desarrollo que acompaña a la empresa estatal. Entre los temores se encuentra la aplicación de modelos de gestión privada que, en otros países, han implicado recortes de personal y menores estándares de mantenimiento.