Política. Uno por uno: ¿Quiénes son los empresarios involucrados en la Causa Cuadernos?

Con la expresidenta Cristina Kirchner conectada a la sesión a través de Zoom, comenzó el juicio por la Causa Cuadernos, que se centra en la presunta red de sobornos por adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, y en donde figuran como apuntados más de medio centenar de empresarios.

El proceso judicial alcanza a más de 60 empresarios que figuran como acusados de haber entregado dinero ilícito a cambio de beneficios estatales. Algunos "arrepentidos" colaboraron con la Justicia al brindar información clave, mientras otros plantean objeciones sobre su confesión.

Entre los nombres más resonantes aparece Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y ex-dueño de la constructora IECSA, quien confesó haber cometido delitos de corrupción empresarial vinculados a este caso. También figura Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, implicado como parte del sistema de recaudación de coimas dentro de la estructura de obra pública.

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El listado facilita comprender quiénes fueron los actores clave del entramado de coimas y adjudicaciones. Además, pone en evidencia la intersección entre grandes grupos empresariales, funcionarios y avisos de corrupción sistemática. En este sentido, la investigación no solo apunta individuos, sino también al posible funcionamiento de una estructura ilegal organizada.

Entre los empresarios acusados de participar del entramado de corrupción se encuentra Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

Los empresarios imputados, según consta en los expedientes, provienen principalmente del rubro de la construcción, energía y transporte. Entre ellos: Armando Loson (Grupo Albanesi), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Claudio Glazman, Miguel Aznar (Vial 3) y otros ejecutivos de destacadas firmas.

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La acusación sostiene que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se operó una red de pago de sobornos a empresarios para garantizar contratos de obra pública, y que los empresarios participaron del sistema con pleno conocimiento de los mecanismos de pago.

Una de las pruebas centrales es el manuscrito del exchofer Óscar Centeno, quien documentó durante una década los movimientos de bolsos con dinero destinados al pago de sobornos. Ese registro permitió identificar rutas, nombres y empresas vinculadas al mecanismo.

El desarrollo del juicio plantea un escenario decisivo para la lucha contra la corrupción estructural en Argentina, pues se pone bajo la lupa cómo funcionó el vínculo entre Estado y empresas privadas en torno a la obra pública. Los empresarios involucrados no solo afrontan su participación individual, sino también la dimensión del daño institucional que se les atribuye.