12 de noviembre de 2025
La planta ubicada en Mercedes dejó a 140 familias en la calle y 250.000 litros de leche que ya no se procesan.
La Suipachense, una histórica empresa láctea argentina con más de 70 años de trayectoria fue declarada en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes (Buenos Aires), tras el fracaso de su concurso preventivo de acreedores.
La resolución, dictada este martes 11 de noviembre, implica la liquidación total de sus activos, la clausura de la planta en Suipacha (provincia de Buenos Aires), la inhabilitación definitiva de la compañía y la inhibición general de bienes de sus directivos, a quienes también se les prohibió salir del país sin autorización judicial.
Esta quiebra deja sin empleo a unos 140 trabajadores y profundiza la crisis en el sector lácteo argentino, donde la empresa procesaba hasta 250.000 litros de leche diarios y era un motor económico clave para la localidad de Suipacha.
La planta llevaba paralizada desde septiembre de 2025 por conflictos salariales, despidos y deudas millonarias: acumuló más de 1.000 cheques rechazados por unos 8.500 millones de pesos, más reclamos gremiales por aportes impagos.
La Suipachense (razón social Lácteos Conosur S.A.) estaba controlada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac, liderado por los empresarios Manuel y Alfredo Fernández, el mismo que gerenciaba Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la firma que producía yogures, flanes y postres bajo licencia de SanCor (marcas como Shimy, Sancorito, Sublime, Yogs y Vida).
ARSA fue declarada en quiebra el 6 de noviembre pasado, dejando a unos 400 empleados en la calle y cerrando plantas en Lincoln (Buenos Aires) y Córdoba.
Fuentes del sector y el gremio Atilra atribuyen ambos colapsos a una gestión ineficiente, posibles vaciamientos y "quiebras fraudulentas", con denuncias penales por irregularidades financieras.
El caso se suma a una ola de crisis en la industria láctea, con caída del consumo interno, altos costos y parálisis productiva en firmas como SanCor (que arrastra conflictos sindicales históricos) y Verónica.
En redes como X, la noticia generó repercusiones inmediatas, con medios y usuarios destacando el impacto en empleo y producción local.
Los acreedores tienen hasta febrero de 2026 para verificar créditos, y el proceso de liquidación podría extenderse meses.
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