Política. En la mira: denunciaron a Kicillof por administración fraudulenta y malversación de fondos del IOMA

El concejal de La Libertad Avanza de Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, presentó una denuncia contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el titular del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, por presuntas irregularidades en la obra social. El expediente, fue rechazado en las últimas horas por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, por lo que será tramitado finalmente por la Justicia provincial.

El expediente, caratulado "Mazzeo Marcelo s/ denuncia", había sido presentado en el fuero federal por el concejal Mazzeo en su calidad de denunciante, y señalaba a Kicillof y Giles por supuestos delitos de administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El denunciado organismo, IOMA, es una entidad de la provincia de Buenos Aires, lo que motivó la decisión judicial de plantear que el fuero federal no era el competente para entender en la causa.

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Por lo pronto, en su resolución, el juez Ramos Padilla argumentó que los hechos denunciados "no involucran intereses federales" y que los funcionarios involucrados ejercen funciones en el ámbito provincial, por lo cual deben tramitar en la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación para sostener que la competencia federal es "restrictiva" y se activa únicamente cuando está en juego la vigencia de la Constitución Nacional o la seguridad de alguna institución estatal nacional.

La resolución también sostuvo que, aun cuando parte de los fondos afectados pudieran provenir de transferencias nacionales, una vez incorporados al patrimonio de la provincia quedan sujetos al control de la justicia bonaerense, debido a que IOMA es un organismo provincial. En consecuencia, la causa será remitida al ámbito de la justicia común bonaerense para continuar su trámite.

Homero Giles, titular de la obra social IOMA.

Con este nuevo escenario procesal, la competencia judicial ha cambiado de esfera y la investigación ingresará en una fase distinta: la justicia provincial tendrá ahora a su cargo la determinación de si existen responsabilidades penales, así como la práctica de medidas de prueba que correspondan. La redefinición del fuero competente abre una nueva etapa del trámite que podría influir en los tiempos y en la estrategia de las partes involucradas.

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El trasfondo de la denuncia entrelaza aspectos técnicos y políticos: el IOMA, como organismo estatal de salud de la provincia de Buenos Aires, ha sido objeto de cuestionamientos en torno al pago de prestaciones, la demora de honorarios a entidades médicas, y la accesibilidad de tratamientos a afiliados. La denuncia alude a una supuesta "afiliación compulsiva", a interrupciones en tratamientos oncológicos o medicamentos crónicos, y a una estructura de intermediación privada que habría recibido fondos públicos bajo presunta incompatibilidad de funciones.

Por su parte, el abogado penalista Marcelo Peña advirtió previamente que la denuncia adolecía de graves deficiencias jurídicas, al considerar que IOMA y sus correspondientes controversias están reguladas por normativa provincial, lo que imposibilita su traslado al fuero federal. Esa posición coincidió con la decisión judicial adoptada, que terminó por declinar la competencia federal.

En este contexto, la causa abandona el fuero federal y pasa al ámbito jurisdiccional de la provincia, lo que implica que los plazos procesales y la dinámica de la investigación podrían experimentar modificaciones. La intervención de otros órganos provinciales, eventuales autos de prueba y la estrategia legal de cada parte adquieren ahora relevancia para el desarrollo del expediente.