18 de noviembre de 2025
La Cámara Federal confirmó que Alberto Fernández intervino para direccionar seguros del Estado hacia un broker amigo. El fallo lo deja al borde del juicio oral por fraude y negociaciones incompatibles.
Un fallo que expone un modo de gobernar
La decisión -firmada por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico- no es solo un aval técnico a lo resuelto por el juez Casanello. Es una señal política de alto voltaje: la Cámara concluyó que no hubo desorden burocrático ni desprolijidad administrativa, sino una intervención presidencial orientada a beneficiar a un intermediario privado.
El fallo reconstruye el funcionamiento de un esquema de poder que comenzó apenas iniciado el mandato en 2019 y que se consolidó durante los cuatro años siguientes. No se trató -según los jueces- de una suma de irregularidades dispersas, sino de un sistema, de una lógica de operación. Ese es, quizá, el punto que más preocupa a quienes observan la causa desde el escenario político: la Justicia habla de estructura, no de excepciones.
El entramado económico y político que rodea a Martínez Sosa
El hombre clave es Héctor Martínez Sosa, broker de seguros, empresario con años de vínculo personal con Alberto Fernández, y pareja de la exsecretaria presidencial María Cantero.
La causa sostiene que, durante el gobierno del expresidente, Martínez Sosa pasó de ser un intermediario más a convertirse en el principal beneficiado de las pólizas contratadas por el Estado, especialmente después del Decreto 823/2021, que obligó a todas las reparticiones nacionales a contratar exclusivamente a través de Nación Seguros.
Las cifras hablan solas: Martínez Sosa concentró casi 60% de todas las comisiones que Nación Seguros pagó a sus intermediarios. No existe un antecedente similar en la historia reciente: ni durante la convertibilidad, ni durante el kirchnerismo, ni en los gobiernos posteriores hubo una concentración de comisiones tan marcada en manos de un solo operador. Ese salto abrupto -sostiene el fallo- coincide de manera exacta con la llegada de Fernández a la Casa Rosada.
Los jueces describen además un vínculo económico sostenido:
deuda personal entre Fernández y el broker,
obsequios,
financiamiento de gastos privados,
y relaciones comerciales previas.
Para la Cámara, estos elementos transforman lo personal en conflicto de intereses directo.
El mensaje que desnuda el funcionamiento interno
Uno de los momentos más sensibles del expediente es el intercambio de WhatsApp entre Cantero y Fernández. La secretaria le avisa que Cancillería está por designar a otro broker. La respuesta del expresidente es inmediata:
-"Ya me ocupo."
En Cancillería, la designación duró apenas cinco días. Después de la intervención presidencial, fue revertida. Para cualquier ciudadano es un mensaje; para un tribunal, es una prueba directa del uso del cargo para intervenir en un negocio privado. Ese texto, según fuentes judiciales, fue el punto de inflexión que inclinó la decisión de la Cámara. Las defensas hablaron de error administrativo. La Justicia vio otra cosa: una orden política.
Nación Seguros: el engranaje institucional
El fallo también profundiza sobre el rol de los exdirectivos de Nación Seguros. El organismo, que debería haber funcionado como un área técnica autónoma, aparece en la investigación como una pieza dócil en un sistema más amplio. La Cámara confirmó los procesamientos del expresidente de la aseguradora, Alberto Pagliano, así como de varios gerentes que, según la causa, facilitaron que los organismos del Estado -ministerios, reparticiones, entes descentralizados- eligieran de manera recurrente a la estructura de Martínez Sosa.
La clave está en los topes de comisión: la Justicia sostiene que los límites que debían garantizar competencia y transparencia habrían sido reconfigurados para permitir el crecimiento del broker amigo. Es decir: el sistema no solo funcionó por intervención presidencial; también requirió obediencia ejecutiva y administrativa.
La Cámara endurece el expediente: cohecho, nuevos embargos y advertencias
El fallo incorpora un elemento nuevo: para cinco acusados se suma el delito de cohecho, lo que implica que hubo pagos o beneficios indebidos para funcionarios públicos. La causa deja así de ser un expediente de "negociaciones incompatibles" -una figura grave, pero acotada- y pasa a rozar la lógica del intercambio económico ilegal.
La Cámara también ordenó recalcular los embargos y dejó abierta la puerta para imputaciones más severas. La frase textual que aparece en el fallo es contundente:
"Nada obsta a que la investigación determine participaciones más graves." Traducido al lenguaje político: este expediente no está cerrado, está empezando a tomar velocidad.
Contexto político: un expresidente con poco margen
El fallo llega en un momento de debilidad política de Alberto Fernández. Sin un espacio propio consolidado, sin estructura y con un peronismo reconfigurándose, enfrenta una causa que necesita defender solo, sin el blindaje institucional que tuvo mientras ejercía el poder. En paralelo, el gobierno libertario mantiene una estrategia de exposición judicial de los exfuncionarios de la gestión anterior, lo que amplifica el impacto mediático y político de cada resolución.
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