Política. Comienza la indagatoria contra exfuncionarios del ANDIS por coimas en el organismo

Los tribunales federales de Comodoro Py serán el escenario donde comenzará la primera la ronda de declaraciones vinculadas a la causa que investiga supuestos manejos fraudulentos dentro de ANDIS, el organismo estatal que gestiona prestaciones para personas con discapacidad. Los primeros en presentar su indagatoria son Calvete y el ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, señalado como uno de los principales investigados en la causa.

La investigación sostiene que entre julio de 2024 y agosto de 2025 se habría montado un circuito de contrataciones irregulares que generó sobreprecios superiores a $43.000 millones, beneficiando a droguerías, prestadoras y terceros vinculados al organismo.

El expediente indica que la causa alcanza a 15 imputados, entre exfuncionarios de ANDIS, operadores y empresarios del sector farmacéutico o de servicios de salud. La estructura investigada incluiría al urólogo y exfuncionario Pablo Atachabahian -quien quedó en arresto domiciliario tras negarse a declarar-, al representante de la empresa New Farma, Patricio Gustavo Rama, y a la novia de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, señalada por manejar dinero en efectivo.

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También figuran entre los imputados el exnúmero dos de la agencia, Daniel María Garbellini; el director nacional de Apoyo, Eduardo Nelio González; y una funcionaria del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo, Lorena Di Giorno. La causa también apunta a operadores técnicos que habrían manipulado el sistema informático interno, y a empresarios que trasladaron fondos ilícitos mediante empresas de aviación privada como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.

Según la cronología oficial, la ronda de indagatorias seguirá este calendario: el 18 de noviembre será la declaración de Miguel Ángel Calvete; el 19 de noviembre a las 13 h, Diego Spagnuolo; el 20 de noviembre a las 13 h, Daniel María Garbellini; el 28 de noviembre a mediodía, Eduardo Nelio González; el mismo día a las 13 h, Lorena Di Giorno; y en los días siguientes otros implicados en el expediente, como Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

La agenda refleja el ritmo acelerado con que el juez federal Sebastián Casanello busca avanzar en la causa, tras haber rechazado un pedido de detención contra Spagnuolo.

El expediente registra que el primero en prestar declaración será Calvete, quien está vinculado con varios de los otros imputados y aparece en audios filtrados que comprometerían directamente a Spagnuolo. Por su parte, el extitular de la agencia es señalado como presunto líder del esquema que direccionó las contrataciones con sobreprecios millonarios.

En la investigación también se analiza el papel de operadores del sector farmacéutico: el nombre de Patricio Gustavo Rama surge vinculado a una estructura comercial y personal que mantenía lazos con Calvete y Atachabahian. Asimismo, Guadalupe Ariana Muñoz aparece como responsable de la "movida de dinero efectivo" dentro del grupo.

Miguel Ángel Calvette, el primero de los acusados por el entramado de coimas en el ANDIS.

Los investigadores trabajan con chats, anotaciones y vínculos comerciales que apuntan a maniobras de traslado de fondos ilícitos a través de empresas de aviación privada. En paralelo al proceso de indagatorias, los investigadores profundizan sobre los contratistas vinculados al organismo, el flujo del dinero y el lapso temporal del supuesto fraude: el periodo investigado va desde julio de 2024 hasta agosto de 2025, lapso en el que se habrían realizado contrataciones irregulares que derivaron en los sobreprecios mencionados.

El eje central del expediente es la coordinación entre funcionarios públicos de ANDIS, prestadoras médicas y empresas vinculadas para beneficiarse a través de contratos con sobrecostos significativos.

La causa pone también atención en los mecanismos concretos de la maniobra: manipulación del sistema interno, favorecimiento a empresas vinculadas al entorno de los funcionarios, y el papel de prestadoras y droguerías en la estructura del presunto entramado. La hipótesis de los investigadores es que la organización operó como una red compleja que combinó gestión pública, negocios privados y lavado de fondos, con un impacto económico relevante.

Por último, este caso pone sobre la mesa un desafío para el control estatal de los organismos encargados de prestaciones para personas con discapacidad, y abre interrogantes respecto de la transparencia en las contrataciones públicas en ese tipo de organismos.

Con la apertura de las indagatorias, la justicia busca señalar responsabilidades y reconstruir el trayecto del dinero que, según la causa, habría sido desviado en un esquema de corrupción que golpea directamente al sector de prestaciones para discapacidad.