19 de noviembre de 2025
La comisión investigadora de la causa LIBRA presentó un informe técnico final que sostiene que la criptomoneda impulsada desde el Gobierno exhibe características "compatibles con una estafa" y apunta al posible mal desempeño del presidente Javier Milei.
La comisión investigadora del caso $LIBRA presentó su informe final sobre de más de 200 páginas en el que advierte que los hechos observados son "compatibles con una estafa" y pone el foco en la figura del presidente Javier Milei.
La investigación parlamentaria determinó que la coin $LIBRA, promovida desde el Poder Ejecutivo, encuadra en un esquema presuntamente ilícito y formó parte de un patrón de maniobras repetidas. El informe subraya que la operación exhibe características de lo que en el universo de las criptomonedas se denomina "rug pull", un ardid legalmente tipificado como estafa. Los legisladores de la comisión hicieron hincapié en que la promoción de la moneda digital por parte del jefe de Estado habría sido decisiva para su llegada al mercado.
El análisis del documento señala que más de 114.000 billeteras sufrieron pérdidas por la inversión en $LIBRA, mientras que el Estado no desplegó los controles institucionales necesarios para supervisar la operación.
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Asimismo, se detalla cómo algunos actores involucrados transformaron tokens en Tether (USDT) y los transfirieron en el mismo día del lanzamiento, lo cual refuerza la hipótesis de que existió una planificación deliberada por detrás del proyecto.
Los integrantes de la comisión también advierten que LIBRA no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una cadena de maniobras cripto previas. Se menciona el lanzamiento de KIP Protocol en diciembre de 2024, y la vinculación de su promoción con la imagen de Milei, en coincidencia con la actuación de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

El escenario político derivado de este informe coloca al presidente Milei en el centro de un debate clave sobre su responsabilidad institucional en materia de criptomonedas y transparencia pública.
En el capítulo correspondiente a "Denuncias a funcionarios y jueces", el informe anticipa que se presentarán acciones penales contra el ministro de Justicia, la titular de la unidad de investigación de $LIBRA, el titular de la Unidad de Información Financiera y otros funcionarios y jueces por posible incumplimiento de deberes.
También se detalla que la correlación de fuerzas en el Cámara de Diputados de la Nación podría dificultar el avance de un juicio político, dado que el oficialismo dispone del tercio necesario para bloquearlo.
La comisión investigadora resaltó que la conformación del grupo investigador fue trabada por maniobras del oficialismo, pero que los diputados de la oposición finalmente lograron avanzar, reunieron el material probatorio e impulsaron el informe final.
El texto de más de 200 páginas fue puesto a disposición de la justicia como parte de la remisión para su análisis.
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