Política. Denuncian al gobernador de Río Negro por "manipular" a la Justicia provincial

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, se encuentra por estas horas en el ojo de la tormenta luego de que distintos señalamientos apuntaran contra él y su hombre de confianza en la Legislatura, Facundo López, por una presunta intromisión directa del Ejecutivo en las decisiones del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el funcionamiento interno de la Justicia provincial.

Las acusaciones contra Weretilneck se desataron en el marco del Caso Mandagaray, que investiga la muerte de un oficial de policía en abril del 2021 durante una capacitación del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía de Río Negro.

El reclamo que motivó la denuncia fue impulsado por Elsa Adriana Fabi, madre del agente policial Gabriel Mandagaray, quien presentó un pedido de juicio político contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) acusándolos de "mal desempeño y abuso de autoridad".

Los denunciantes sostienen que la causa del joven Mandagaray experimentó demoras, anulación de resoluciones y maniobras que favorecieron la impunidad, una dinámica que reflejaría la falta de autonomía del sistema judicial frente al poder político.

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Se apunta en particular a la coincidencia de cargos: Facundo López no sólo ocupa un lugar destacado en la Legislatura provincial, sino que también integra el Consejo de la Magistratura -el órgano responsable de la selección, evaluación y promoción de jueces- lo que, a juicio de juristas y sindicatos, genera un conflicto de intereses evidente.

La medida ingresó formalmente en la Legislatura de Río Negro y fue derivada a la Comisión de Juicio Político, la cual tiene un plazo de cuarenta días para dictaminar si los magistrados del STJ serán sometidos a proceso disciplinario. Sin embargo, la acreditación de intereses cruzados -como la participación de López en la Comisión- ya ha sido señalada por los familiares de la víctima como una muestra de "una estructura de dependencia política".

Gabriel Mandagaray falleció en 2021 durante un entrenamiento del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

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El escándalo se desarrolla en un momento crítico para la provincia: la tensión sobre la independencia judicial coincide con acusaciones más amplias sobre concentración de poder en el Ejecutivo. Los defensores del reclamo advierten que el modelo provincial -donde la política se filtra al nombramiento y evaluación de jueces- pone en cuestión la credibilidad del sistema legal.

Más allá del caso puntual, se debate un principio mayor: qué ocurre cuando el órgano encargado de impartir justicia queda vinculado a quienes detentan el poder político. Esa pregunta, plantean, excede la gestión local y convoca a reflexionar sobre los mecanismos de transparencia, independencia judicial y separación de poderes.

La presentación del pedido de juicio político contra los cuatro jueces del STJ marca un punto de inflexión en Río Negro. Si la Comisión dictamina favorablemente, estaría sentando un precedente en cuanto al control externo del poder judicial. Si no lo hace, la sensación de que la justicia actúa al amparo del poder político probablemente gane fuerza.

Mientras tanto, la madre de Mandagaray insiste en que la causa no quede "ingresada a la tumba de la impunidad" y exige que se adopten medidas "para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley".

El escenario que se abre deja en evidencia que, para muchas voces de la provincia, la independencia judicial en Río Negro está seriamente comprometida. Frente a ello, el funcionamiento adecuado del Consejo de la Magistratura, la claridad en los nombramientos y la autonomía de los tribunales aparecen como pilares clave para restaurar la confianza ciudadana en el sistema.