19 de noviembre de 2025
El ex titular de ANDIS se negó a declarar ante Casanello, mientras la fiscalía avanza con una trama de compras dirigidas, sobreprecios millonarios y audios que su defensa califica como deepfakes. Renuncias, allanamientos y dólares escondidos convierten la causa en el caso más explosivo del Ejecutivo.

Diego Spagnuolo entró a Comodoro Py en silencio y salió igual. Sin responder preguntas, sin despejar sospechas y sin alterar el gesto rígido con el que avanzó por los pasillos del edificio más sensible del país. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) compareció ante el juez federal Sebastián Casanello, presentó un descargo mínimo, entregó documentación y decidió no contestar una sola pregunta de la fiscalía. Un silencio estratégico, calculado y políticamente explosivo.
Mientras tanto, en el Gobierno, el caso ANDIS dejó de ser un escándalo sectorial para transformarse en un problema nacional. Las acusaciones por direccionamiento de compras, sobreprecios millonarios y supuesta asociación ilícita golpean directo al corazón del Ejecutivo, que mira el expediente con preocupación creciente. Y que, por ahora, solo atina a despegarse.
El núcleo del caso: una trama de compras dirigidas, sobreprecios y poder en la sombra
La causa está en manos del fiscal Franco Picardi, que dibuja una escena inquietante: un esquema de adjudicaciones direccionadas en las prestaciones de alto costo (PACBI), contratos millonarios a un grupo de droguerías amigas, "compulsas reducidas" y un circuito de favores que habría drenado miles de millones de pesos de fondos públicos.
Según el requerimiento, Spagnuolo no era un engranaje menor: era jefe u organizador de una organización destinada a manipular compras del Estado, privilegiar a ciertas droguerías y montar un circuito irregular de pagos. Planillas, correos internos, registros de adjudicación y comunicaciones telefónicas conforman -para la fiscalía- un mosaico de evidencia que muestra un patrón repetido. "No era desprolijidad; era un sistema".

Frente al juez, Spagnuolo intentó explicar dos puntos que los investigadores consideran críticos:
Los USD 82.000 y los 2.950 euros hallados en una caja de seguridad
La remodelación de su vivienda en el country Altos de Campo Grande
Para la defensa, los dólares estaban depositados desde abril de 2023, y las obras fueron menores. Para la fiscalía, las fechas no cierran, los montos tampoco, y el volumen de gastos supera -y mucho- los ingresos declarados.
A eso se suma otro hallazgo inquietante: en su vivienda se secuestró una máquina contadora de billetes, un elemento que Picardi considera incompatible con la vida de un funcionario regular. "Nadie tiene eso por casualidad", desliza un investigador del caso.
Registros oficiales de entradas y salidas al domicilio de Spagnuolo revelan un dato clave: reuniones reiteradas con Miguel Ángel Calvete, señalado como operador central de la red investigada.
Calvete -hoy detenido- habría visitado a Spagnuolo en múltiples oportunidades entre junio de 2024 y mayo de 2025. En varias de ellas, acompañado por otros imputados. Para la fiscalía, ese movimiento configura "una trama de vínculos operativos", más que encuentros aislados. "Es un cuadro típico de conducción", señala una fuente que trabaja en el expediente.
El abogado Mauricio D'Alessandro sostuvo que los audios que dispararon la causa son falsos y fueron "editados con inteligencia artificial", al punto de calificarlos como deepfakes. Según su versión, una pericia realizada en Europa demostraría manipulación digital, recortes y síntesis artificial de voz.
La estrategia de la defensa es clara: golpear la prueba madre. Si los audios caen, cae buena parte del andamiaje probatorio. Picardi, sin embargo, no les concede margen: para la fiscalía, las grabaciones son auténticas, verosímiles y consistentes con todos los otros elementos del expediente. "Los audios no están solos; dialogan con las planillas, con los registros, con los movimientos financieros", explica una fuente del Ministerio Público Fiscal.
El expediente dejó de ser un caso técnico cuando ocurrió lo inesperado: en la casa de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía, se hallaron cerca de USD 700.000 en un allanamiento conectado a la causa. La funcionaria renunció de inmediato. La política tembló. Y el Gobierno quedó en el centro de la escena. "Esto recién empieza", advierten en Comodoro Py. Y lo dicen sin metáforas.
La investigación no se detiene: seguirán las indagatorias de Daniel María Garbellini y otros funcionarios y operadores sospechados. La fiscalía quiere avanzar sobre:
pericias informáticas
análisis patrimoniales
comunicaciones entre imputados
cuentas bancarias y movimientos en dólares
"Esto no es un expediente más. Tiene ramificaciones políticas", reconoce una fuente judicial con acceso al caso. La defensa de Spagnuolo ya adelantó que no buscarán un arrepentido, pero presentarán nuevas pericias para sostener la hipótesis del deepfake. Nada garantiza que eso alcance.
Lo único seguro es que la causa ANDIS dejó de ser un expediente judicial para convertirse en un sismo político que golpea al Ejecutivo, inquieta a la oposición y mantiene ocupado a todo Comodoro Py.
Y el silencio de Spagnuolo -el silencio que eligió este miércoles- solo alimenta la tensión.
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