Política. La Justicia restringe las visitas a CFK y advierten que podría ir a una cárcel común si no cumple las condiciones

El juez federal Jorge Gorini ha impuesto limitaciones más severas sobre la detención en su domicilio de la exmandataria Cristina Kirchner: ahora las visitas quedan restringidas a dos horas como máximo, dos veces por semana y con un tope de tres personas por encuentro. Esta decisión se tomó después de que se constatara que la líder peronista recibió a nueve economistas simultáneamente en su departamento, lo que fue considerado por el Tribunal Oral Federal 2 como un "incumplimiento de las condiciones" de su arresto domiciliario.

Las nuevas normas establecidas por el tribunal distinguen explícitamente entre los visitantes autorizados (familiares, médicos y abogados) y otros invitados: cualquier persona fuera de esos grupos debe solicitar su ingreso con justificación, fecha y horario, y esperar autorización formal. Más aún, si Cristina Kirch­ner vuelve a quebrantar esas reglas, el tribunal advirtió que podría revocar el beneficio de la detención en su domicilio y enviarla a una cárcel común.

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Ante la imposición de estas restricciones, la exmandataria se defendió públicamente. Desde sus redes sociales sostuvo que su reunión con economistas no fue un acto formal sino un espacio para debatir "modelo económico alternativo", y recalcó su frase: "No es la foto... es la Economía estúpido". Además, acusó al "bestiario mediático" de deslegitimar un encuentro que, según ella, estaba debidamente autorizado por el tribunal.

El peso de estas restricciones no es meramente simbólico: según un relevamiento periodístico, en los últimos 80 días ingresaron al domicilio de Kirchner al menos 77 personas, incluyendo figuras como Lula da Silva, Axel Kicillof, Juan Grabois y la artista Esmeralda Mitre. Para el tribunal, estas visitas han convertido su hogar en lo que algunos medios han calificado como un "búnker político".

Cristina Kirchner junto a un grupo de economistas en su domicilio de San José 1111.

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Esta situación judicial se produce en un contexto más amplio de reproches hacia su prisión domiciliaria. Fiscales como Diego Luciani y Sergio Mola ya han apelado para que Kirchner cumpla su condena en una unidad penitenciaria tradicional, argumentando que la modalidad domiciliaria desvirtúa la "regla de cumplimiento efectivo" de la pena.

Por su parte, la defensa de Kirchner ha sostenido que su necesidad de custodia permanente -obligatoria según la normativa por haber sido presidenta- justifica que no deba cumplir la condena en una cárcel común. La exmandataria incluso ha recordado el intento de asesinato que sufrió en 2022, para reforzar que su seguridad no puede garantizarse en un penal.

Las nuevas restricciones también se apoyan en una decisión previa de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que Kirchner cumpla su condena en su domicilio situado en la calle San José 1111, en su departamento en Constitución, estableciendo obligaciones claras para su permanencia.