21 de noviembre de 2025
Hay causas que se abren paso entre expedientes y titulares con la violencia tranquila de aquello que no sólo revela un delito, sino una forma de funcionamiento, una manera de estar en el poder que se sostiene en vínculos familiares, operadores profesionales y funcionarios que se mueven entre dos mundos con la naturalidad de quien nunca consideró que hubiera una frontera entre lo público y lo privado.
El escándalo de la ANDIS es eso: una radiografía incómoda del modo en que se articulan negocios, influencias y decisiones dentro del proyecto libertario cuando se apagan las cámaras y se cierran las puertas de los despachos. En el centro de esa trama aparece un triángulo preciso, casi perfecto:
Miguel Ángel Calvete, operador histórico
Ornella Calvete, funcionaria técnica con acceso privilegiado.
Javier Ignacio Cardini, subsecretario con llegada directa al círculo íntimo de Santiago Caputo.
Tres vértices que, combinados, dibujan un circuito donde circulan expedientes, contactos, favores, dinero en efectivo y decisiones que alteran la arquitectura institucional del Estado.

El nombre de Calvete reaparece en la historia argentina con la insistencia de los personajes que nunca desaparecen del todo. Vocero de supermercadistas chinos, exconcejal de La Matanza, hombre habituado a zonas intermedias donde los negocios con el Estado nunca se presentan como tales sino como acuerdos, atajos o gestiones.
La Justicia lo identifica como el engranaje externo más importante de un mecanismo de recaudación clandestina dentro de la ANDIS: el intermediario que articulaba proveedores, funcionarios, empresas creadas para múltiples fines y una red de contactos que se extendía más allá del organismo investigado.
Los cuadernos, los teléfonos, las anotaciones y los montos hablan de un circuito aceitado. Su detención, lejos de clausurar su influencia, abrió una puerta más amplia: la de una estructura familiar que no era decorativa, sino funcional.

El allanamiento al departamento de Ornella alteró el tamaño del escándalo. La presencia de USD 700.000 en efectivo no solo puso un número sobre la mesa, sino un modo de operar que combina responsabilidades técnicas, acceso a expedientes y vínculos familiares que atravesaban la estructura formal del Estado.
Su rol en el Ministerio de Economía -destrabando pagos, siguiendo trámites, manejando información sensible- la convierte en un nexo entre lo administrativo y lo clandestino. Los mensajes con su padre, los montos mencionados y la coincidencia de su domicilio con la sede legal de INDECOMM, una de las empresas claves en el expediente, cerraron un círculo que ya no podía presentarse como una coincidencia. Su renuncia inmediata fue una admisión silenciosa: el escándalo no era lateral. Era interno.

El caso de Cardini es, para el oficialismo, el más difícil de procesar. Ingeniero industrial, formado en empresas tecnológicas, con pasado corporativo y llegada directa a Santiago Caputo, su perfil representa esa nueva camada de funcionarios que desembarcan en el Estado con expertise privada y legitimidad política otorgada desde la mesa chica libertaria.
Estuvo presente en el allanamiento. Su vínculo con los Calvete está acreditado. Y su subsecretaría -Gestión Productiva- es un área donde los intereses privados, los proveedores y las decisiones administrativas se cruzan todos los días.
El Gobierno lo sostiene por motivos obvios: su caída impactaría en Caputo, y el impacto sobre Caputo dejaría expuesto al propio proyecto libertario en una zona donde no tolera grietas.
La trama se vuelve más compleja cuando aparece el nombre del Grupo Neuss, un holding energético con presencia en distribuidoras eléctricas, proyectos hidroeléctricos, desarrollos inmobiliarios y nuevos emprendimientos mineros. Empresas cuya rentabilidad depende de tarifas, contratos, permisos y marcos regulatorios definidos por el Estado.
La familia Neuss mantiene una relación directa con Santiago Caputo. Y Caputo es, según diversas fuentes, el puente que acercó a Cardini al Ministerio.
La Justicia no investiga solo nombres, sino patrones: crecimientos empresariales paralelos a ascensos políticos, acceso privilegiado a decisiones reguladas y una sintonía fina entre actores privados y operadores del poder. Ahí aparece el concepto técnico que nadie quiere pronunciar pero todos entienden: captura regulatoria. Cuando los regulados influyen en los reguladores, el mercado deja de ser mercado y el Estado deja de ser Estado.
Más allá de los nombres, el expediente exhibe una estructura repetida en la historia argentina:
empresas con objetos sociales infinitos, capaces de operar en salud, tecnología, obras y consultoría;
participación cruzada entre padres e hijos;
sociedades "comodín" aptas para entrar a licitaciones diversas;
solapamientos entre domicilios personales y sedes legales;
redes que se expanden según la coyuntura política.
INDECOMM.
Construcciones y Contratos.
Profusión.
Profarma.
GreenTech.
Grupo Tek.
Cabañas del Nahuel.
Lagos Patagónicos.
Todas piezas móviles de un mismo tablero.
El escándalo de la ANDIS no es un accidente: es un síntoma. Muestra que, detrás del discurso de motosierra y anti-casta, se desplegaron estructuras clásicas del poder argentino: operadores que jamás se retiran, empresarios que orbitan en torno a los funcionarios con llegada real, redes familiares que administran recursos y funcionarios técnicos cuya lealtad no siempre coincide con la institución que representan.
El dilema para el Gobierno es evidente: si toca el triángulo Calvete-Cardini-Neuss, toca su propio corazón político. Si no lo toca, paga el costo institucional. La causa recién empieza. Y, como ocurre siempre en Argentina, lo más importante no es lo que ya sabemos. Es lo que todavía falta que aparezca.
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